Crisis energética en Puerto Rico: tarifas al alza y servicio sin mejorar
Puerto Rico atraviesa una de las crisis energéticas más prolongadas de su historia reciente. Desde que la distribución eléctrica fue transferida a un operador privado en 2021, el costo del kilovatio/hora escaló de 0.1963 dólares en 2020 a un promedio actual de 0.269, un incremento acumulado de 37% en cinco años que no ha venido acompañado de mejoras tangibles en la calidad ni en la continuidad del servicio. Los apagones selectivos siguen siendo una herramienta de gestión de la demanda, no una excepción.
El contexto macroeconómico amplifica el impacto social de estas alzas. Con un salario semanal promedio de 724 dólares —menos de la mitad del registrado en Estados Unidos continental—, cada ajuste tarifario erosiona directamente el poder adquisitivo de los hogares y la viabilidad operativa de las pequeñas empresas. El regulador local justificó el más reciente incremento trimestral en la volatilidad internacional de los combustibles, agravada por tensiones geopolíticas, aunque los analistas señalan también fallas estructurales internas: varias unidades de generación operan de forma intermitente, lo que obliga a recurrir a diésel, un combustible significativamente más caro.
Desde 2017, se han asignado 14,000 millones de dólares para modernizar la red eléctrica del territorio, pero solo 2,700 millones han sido efectivamente desembolsados. Esta brecha entre recursos comprometidos y ejecución real es, quizá, la señal más preocupante para estrategas e inversores que evalúan modelos de concesión energética en mercados emergentes de América Latina. La experiencia puertorriqueña ilustra con claridad los riesgos de privatizar infraestructura crítica sin marcos regulatorios robustos, sin mecanismos de rendición de cuentas y sin inversión sostenida en resiliencia. Para los líderes empresariales de la región, el caso ofrece una advertencia concreta: la eficiencia prometida por la privatización solo se materializa cuando va acompañada de gobernanza efectiva y capital ejecutado, no solo comprometido.
