Reforma fiscal colombiana: tensión entre ajuste estructural y costo social
Colombia atraviesa un debate fiscal de fondo que trasciende las disputas partidistas: cómo corregir una brecha estructural entre ingresos y gastos del Estado sin trasladar el peso del ajuste a los sectores más vulnerables. El detonante es un proyecto legislativo conocido como Ley de Rescate, que propone recortes, ajustes tributarios y transferencias a hogares de bajos ingresos para enfrentar un déficit que, según cifras oficiales, supera los 11 billones de pesos mensuales —el Estado recibe en promedio 29 billones y gasta más de 40—, mientras el servicio anual de la deuda escaló de 118 a 155 billones de pesos.
Desde el Ministerio de Hacienda, el viceministro técnico Juan Sebastián Betancur ha defendido la iniciativa argumentando que no incrementa la carga de IVA para los colombianos de menores ingresos, y que 19 millones de personas recibirían una devolución equivalente al IVA que pagan en promedio mensualmente. Sin embargo, la propuesta ha generado fisuras incluso dentro de sectores afines al Gobierno. La concejal Heidy Sánchez advirtió que, de aprobarse el texto actual, a partir de 2028 productos de la canasta familiar —frutas, plátano, tomate, cebolla, fríjol y lenteja— quedarían gravados con un IVA del 19%, una medida que evoca el paquete tributario que en 2021 desencadenó un ciclo de protestas sociales. La referencia no es menor: el expresidente Iván Duque alertó que sin un ordenamiento tributario coherente, la crisis podría adquirir "proporciones caóticas".
Más allá del debate político inmediato, el proyecto expone una tensión estructural que enfrentan varias economías latinoamericanas: cómo financiar el gasto social y el servicio de deuda en contextos de baja recaudación sin erosionar el consumo interno ni la base de trabajadores formales. Entre los puntos más controvertidos figura el aumento del aporte a salud —del 4% al 5.5% para quienes ganen más de dos salarios mínimos a partir de 2027— y una reducción del 25% en los aportes a cajas de compensación, lo que pondría en riesgo los subsidios familiares. En sentido contrario, el proyecto contempla reducir la tasa impositiva corporativa del 35% al 31% para estimular la inversión privada, aunque críticos señalan que no existen mecanismos verificables para garantizar que ese incentivo se traduzca en crecimiento económico o generación de empleo. Para los estrategas corporativos y los equipos de planeación financiera, el escenario exige monitorear de cerca la evolución legislativa: los cambios en IVA, aportes parafiscales y tasas corporativas redefinirán los modelos de costo y las estrategias de compensación en el mediano plazo.
