Quema de basura en México: una crisis de gestión de residuos con rostro rural
Más de 3.4 millones de viviendas en México recurren a la quema de basura como método de eliminación de residuos, según datos de la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI. Esto representa el 8.65% del total de hogares del país y evidencia una falla sistémica en la cobertura de los servicios de recolección y tratamiento de residuos sólidos urbanos. De las 39.6 millones de viviendas registradas, el 83.17% entrega sus residuos a un recolector; sin embargo, el resto recurre a alternativas que van desde contenedores públicos hasta basureros clandestinos, con un segmento significativo que opta por prácticas de alto impacto ambiental como la quema o el depósito en sitios no autorizados.
La dimensión territorial del problema es especialmente crítica. En localidades con menos de 2,500 habitantes, apenas el 55.69% de los hogares accede a un servicio de recolección formal, mientras que el 35.41% —equivalente a cerca de 2.8 millones de viviendas rurales— quema sus residuos. En contraste, en ciudades con más de 100,000 habitantes, la cobertura de recolección alcanza el 91.1% y la quema se reduce al 0.5%. Las entidades con mayores índices de quema son Chiapas (30.1%), Oaxaca (28%), Guerrero (26.5%), Tabasco (25.7%) y Veracruz (21.5%), mientras que Nuevo León registra 1.5% y la Ciudad de México apenas 0.1%. Esta brecha no es solo logística: refleja décadas de subinversión en infraestructura ambiental en regiones con alta marginación.
A nivel nacional, la gestión integral de residuos enfrenta otro déficit estructural: solo el 47.43% de las viviendas separa residuos orgánicos de inorgánicos, y únicamente el 5% de las 139,902 toneladas de residuos sólidos generadas diariamente recibe tratamiento adecuado. De los 2,250 sitios de disposición existentes en el país, solo 52 cumplen con los estándares de relleno sanitario. Paradójicamente, las zonas rurales muestran mayores tasas de separación de materiales reciclables —cartón, latas y plásticos— que las urbanas (61.2% frente a 49.2%), lo que sugiere que el problema no es de cultura ambiental, sino de infraestructura y política pública. Para los estrategas de sostenibilidad corporativa e inversores en economía circular, estos datos señalan una ventana de oportunidad en soluciones de gestión descentralizada de residuos adaptadas a contextos rurales.
