Crisis de acceso a vivienda en CDMX: precios superan por amplio margen el poder adquisitivo real
Siete años de apreciación sostenida han transformado el mercado inmobiliario de la Ciudad de México en un sistema que excluye estructuralmente a la mayoría de sus habitantes. Entre 2019 y 2026, el precio promedio de un inmueble residencial pasó de 2.19 millones a 3.34 millones de pesos, un incremento del 52% que contrasta con un poder adquisitivo promedio de la población capitalina que apenas alcanza los 940 mil pesos. Para calificar a un crédito sobre el valor promedio actual, un comprador requiere ingresos mínimos de 97 mil pesos mensuales, umbral que excluye a la gran mayoría de la fuerza laboral formal de la capital.
La oferta de vivienda asequible —aquella por debajo de 1.3 millones de pesos— ha desaparecido prácticamente del mercado. Los desarrolladores e instituciones financieras han orientado su actividad hacia proyectos residenciales de entre tres y más de cinco millones de pesos, segmento con demanda limitada pero márgenes más amplios. Esta concentración explica la caída del 15% en el financiamiento para adquisición de vivienda registrada en el primer semestre de 2026, con apenas 10,466 inmuebles comercializados frente a los 12,300 del mismo periodo del año anterior. En alcaldías como Benito Juárez y Cuauhtémoc —que concentran el 35% de los créditos otorgados— el costo por metro cuadrado supera con creces las coberturas bancarias disponibles: 72,000 y 90,000 pesos respectivamente, contra créditos promedio de 54,000 y 53,000 pesos por metro cuadrado.
Ante la imposibilidad de compra, el mercado de arrendamiento absorbe una presión creciente que tampoco ofrece alivio. Las rentas en zonas céntricas como Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo aumentan a una tasa del 8.5% anual, más del doble de la inflación general de 3.4%. Actualmente, el 27% de los hogares capitalinos opera bajo esquema de alquiler, proporción que seguirá creciendo conforme la compra se vuelve inaccesible para segmentos medios. Para los estrategas del sector inmobiliario, financiero y de política pública, esta dinámica configura un riesgo sistémico: sin intervención en la oferta de vivienda asequible ni instrumentos de financiamiento adaptados a ingresos medios, la presión sobre el mercado de renta continuará erosionando la capacidad de ahorro y movilidad social de la población urbana en el mediano plazo.
