La digitalización de pagos exige inclusión, seguridad y garantías

Por Redacción Empresas2030

La Asociación Mexicana de Internet (AIMX) respalda la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, pero advierte que su implementación podría generar nuevas barreras de acceso, riesgos de fraude y vulneraciones a la privacidad si las autoridades no atienden las condiciones que enfrenta una parte importante de la población y del sector empresarial.

La organización considera que reducir el uso de efectivo es un paso necesario para avanzar en la formalización económica y ampliar el acceso a servicios financieros. Sin embargo, advierte que la digitalización de los pagos no puede convertirse en una obligación antes de garantizar conectividad, capacitación, seguridad y condiciones operativas para usuarios y comercios.

La advertencia adquiere relevancia ante la entrada en vigor de la legislación el pasado 5 de noviembre. A partir de esa fecha, la Secretaría de Hacienda dispone de 15 días hábiles para determinar los sectores en los que el pago digital será la única modalidad aceptada. Para la AIMX, las decisiones que se tomen durante esta primera etapa serán determinantes para establecer si la legislación contribuye a la inclusión financiera o termina excluyendo a quienes todavía no cuentan con las condiciones necesarias para incorporarse.

Iván Díaz González, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de la asociación, sostiene que uno de los principales problemas de la ley es partir de un diagnóstico incompleto: asumir que la infraestructura tecnológica ya está disponible y que el desafío consiste únicamente en acelerar su adopción.

La realidad presenta mayores complejidades. La confianza de los usuarios, la disponibilidad de dispositivos, la cobertura de internet, la capacitación para utilizar herramientas financieras y la protección de los datos personales son condiciones indispensables para que la transición funcione. A ello se suma una pregunta que la legislación debe resolver: quién absorberá los costos de implementación, particularmente entre los pequeños establecimientos.

La dimensión del desafío se refleja en las cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024: 85.2% de la población utiliza efectivo de manera frecuente en compras de 500 pesos o menos. Para la AIMX, esta dependencia tiene consecuencias económicas que van desde la limitada generación de historiales financieros hasta mayores dificultades para acceder al crédito formal y menores posibilidades de trazabilidad de las operaciones.

Una transformación que requiere garantías

La asociación reconoce cuatro aciertos fundamentales de la legislación: establecer la obligación de que los tres órdenes de gobierno acepten pagos digitales en trámites y servicios; avanzar hacia la interoperabilidad de los sistemas financieros; reconocer la identidad digital con efectos jurídicos, y favorecer la formalización económica mediante historiales de transacciones que permitan a los pequeños negocios demostrar sus ingresos.

No obstante, identifica aspectos que requieren atención inmediata.

El primero es la ausencia de una estrategia nacional de educación financiera y digital. La obligación de las instituciones financieras de difundir sus productos no sustituye un programa de capacitación con presupuesto, objetivos verificables y responsables institucionales. La población necesita conocer el funcionamiento de las herramientas, pero también identificar operaciones fraudulentas, proteger sus cuentas y saber cómo actuar ante una transferencia no reconocida.

El segundo problema está relacionado con la seguridad de las operaciones. La CURP Digital puede facilitar la identificación de quienes abren una cuenta, pero no necesariamente evita que una persona sea manipulada para autorizar una transferencia fraudulenta. La legislación tampoco establece garantías suficientes sobre reembolsos ni estándares de seguridad para los establecimientos y las tesorerías que recibirán pagos digitales de manera masiva.

La conectividad representa otro desafío estructural. Aunque existen sistemas como SPEI, CoDi y DiMo, su funcionamiento depende de que las personas tengan acceso a internet, dispositivos adecuados y aplicaciones compatibles. La AIMX advierte que las restricciones tecnológicas pueden afectar especialmente a comunidades rurales, personas mayores y población hablante de lenguas indígenas.

El problema también alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con un estudio presentado por CONCANACO SERVYTUR ante la Cámara de Diputados, 94% de las MiPyMEs cuenta con teléfono celular y 88% tiene acceso a internet, pero 46% todavía no acepta pagos con tarjeta. El costo de las comisiones constituye uno de los principales obstáculos para ampliar su participación en los sistemas digitales.

A estas limitaciones se suma la protección de datos personales. La asociación advierte que la legislación no desarrolla suficientemente las garantías de privacidad frente a la vinculación de información biométrica, identidad, líneas telefónicas, cuentas y transacciones mediante la CURP. También cuestiona las condiciones bajo las cuales las autoridades podrían acceder a los historiales de pagos y la ausencia de salvaguardas más robustas para evitar usos distintos de los autorizados.

Finalmente, señala que las facultades otorgadas a la Secretaría de Hacienda para determinar los sectores obligados a aceptar exclusivamente pagos digitales requieren criterios públicos, mecanismos de consulta y límites claramente definidos. Sin estas garantías, las decisiones administrativas podrían generar incertidumbre jurídica y afectar tanto a consumidores como a establecimientos.

Frente a estos riesgos, la AIMX plantea ocho líneas de acción para fortalecer la implementación de la ley. Su propuesta busca que las disposiciones secundarias incorporen medidas concretas y que la transición tecnológica avance de manera gradual, con responsabilidades compartidas entre autoridades, instituciones financieras y empresas.

Entre sus prioridades destaca la creación de un programa nacional de capacitación y concientización, con módulos obligatorios para nuevos usuarios de servicios financieros, campañas permanentes de prevención del fraude y formación para los comercios que comiencen a recibir pagos digitales.

También propone establecer mecanismos de reembolso ante operaciones fraudulentas realizadas sin responsabilidad del usuario, con procedimientos ágiles y plazos definidos. La confianza, sostiene la organización, debe ser una condición de la adopción y no una consecuencia que se espere alcanzar después de la implementación.

En materia regulatoria, plantea establecer criterios públicos para seleccionar los sectores en los que el efectivo dejaría de ser una opción, considerando factores como el riesgo de lavado de dinero, los montos promedio de las operaciones, el nivel de bancarización y la cobertura de conectividad. Asimismo, propone mantener un umbral de operaciones por debajo del cual el efectivo continúe siendo aceptado y establecer mecanismos de consulta y revisión periódica.

La conectividad debe acompañarse de presupuesto suficiente y mediciones verificables de cobertura. La asociación considera que la exclusividad de los pagos digitales únicamente debería aplicarse donde exista infraestructura funcional, además de mecanismos de contingencia que contemplen fallas estructurales de comunicación.

Otra prioridad consiste en ampliar la compatibilidad tecnológica mediante aplicaciones financieras ligeras, funcionales en teléfonos de gama baja y con poca señal. También propone incorporar interfaces y alertas en las principales lenguas indígenas, así como canales de asistencia para personas mayores y con discapacidad.

En protección de datos, plantea establecer principios de finalidad, minimización y proporcionalidad; limitar el uso de información biométrica; exigir controles judiciales para el acceso de las autoridades a historiales de pagos y prohibir usos secundarios no autorizados. La CURP Digital, subraya, debe conservar su carácter opcional.

La organización también considera necesario establecer estándares mínimos de ciberseguridad y privacidad para los comercios y las tesorerías, incorporar códigos QR dinámicos y firmados, conservar evidencias de autenticación y operación conforme a la NOM-151 y garantizar neutralidad tecnológica para que bancos, fintech y nuevos participantes compitan bajo condiciones equivalentes.

La octava propuesta se concentra en la rendición de cuentas: un informe anual del Ejecutivo al Congreso que permita evaluar los niveles de adopción, exclusión, fraude y utilización de información personal, así como una revisión integral de la legislación a tres años de su entrada en vigor.

El desafío está en las reglas de implementación

La posición de la AIMX coloca sobre la mesa una discusión que trasciende la modernización de los medios de pago: cómo garantizar que la transformación digital de la economía mexicana avance sin trasladar sus costos y riesgos a los sectores con menores capacidades tecnológicas y financieras.

La asociación hace un llamado a la Secretaría de Hacienda, al Banco de México, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para abrir a consulta pública la primera lista de sectores obligados a operar exclusivamente con pagos digitales, así como las disposiciones secundarias de la legislación.

También propone establecer mesas técnicas con autoridades, industria, academia y sociedad civil, incorporar la experiencia de empresas especializadas en ciberseguridad y prevención del fraude, y construir indicadores públicos que permitan evaluar los resultados de la política.

Para la organización, el éxito de la ley no debe medirse por el número de terminales instaladas o las operaciones procesadas, sino por su capacidad para ampliar el acceso financiero sin generar nuevas formas de exclusión. La evaluación deberá considerar cuántas personas incorporan los pagos digitales a sus actividades cotidianas, cuántas pierden dinero durante el proceso de aprendizaje y si existen ciudadanos que dejan de adquirir alimentos o medicamentos por carecer de una cuenta, un teléfono o conectividad.

La discusión, por tanto, no consiste en elegir entre efectivo y pagos electrónicos, sino en establecer las condiciones para que la modernización financiera sea viable, segura y accesible. La tecnología para hacerlo existe; el reto está en construir reglas que ofrezcan certidumbre, protejan a los usuarios y distribuyan de manera equilibrada las responsabilidades de la transición.

Como concluye Iván Díaz González, vicepresidente de Innovación y Tecnologías Emergentes de la AIMX: «La adopción no se decreta: se construye. Y la inclusión financiera se logra abriendo cuentas, no cerrando cajas».