Fraude al subsidio de mayores de 52 años: cuando los vínculos familiares encubren simulaciones laborales
Simular una relación laboral para acceder a prestaciones públicas tiene consecuencias jurídicas de largo alcance, como lo demuestra una reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Asturias. La Sala de lo Social ratificó la extinción del subsidio para mayores de 52 años otorgado a una trabajadora autónoma que, según las investigaciones, utilizó contratos con su hermana para crear artificialmente las condiciones de acceso a la ayuda. La decisión tiene efectos retroactivos desde enero de 2023 e incluye la obligación de reintegrar las cantidades percibidas indebidamente.
El caso revela una secuencia de altas y bajas en la Seguridad Social que el tribunal consideró desvinculada de necesidades empresariales reales. La trabajadora, peluquera con casi 18 años de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), renunció a su condición de autónoma y fue contratada meses después por su hermana en el mismo establecimiento donde ambas habían operado. Un contrato iniciado en enero de 2021 derivó en baja médica apenas seis días después, sin sustitución durante meses, mientras la empresa mantenía el alta activa. Un segundo intento en enero de 2023 siguió un patrón similar: contratación, reconocimiento de prestación contributiva y posterior subsidio, hasta que una investigación motivó la suspensión cautelar del pago. La Inspección de Trabajo levantó actas contra ambas hermanas, y el organismo gestor procedió a extinguir el subsidio. El Juzgado de lo Social número 3 de Gijón desestimó el recurso de la trabajadora, criterio que el TSJ confirmó en segunda instancia.
Más allá del caso concreto, la resolución pone sobre la mesa una confusión frecuente entre directivos y trabajadores independientes: los años de alta en el RETA no garantizan automáticamente el acceso al subsidio de mayores de 52 años. Este beneficio exige, entre otros requisitos, un mínimo de seis años de cotización efectiva por desempleo en España como trabajador por cuenta ajena, además de cumplir las condiciones para la pensión contributiva de jubilación. El cese de actividad autónoma, por sí solo, no constituye una situación legal de desempleo reconocida a estos efectos. Para quienes se encuentren en esta circunstancia a partir del 1 de noviembre de 2024, existen dos vías de acceso: haber agotado una prestación contributiva previa o acreditar al menos 90 días cotizados en situación legal de desempleo. Verificar el alta como demandante de empleo y no superar el 75% del Salario Mínimo Interprofesional en ingresos son condiciones igualmente indispensables antes de iniciar cualquier solicitud.
