Fallas en sistemas biométricos fronterizos exponen riesgos de los megacontratos tecnológicos públicos
Cuando un sistema de control fronterizo diseñado para reforzar la seguridad de 29 países termina generando filas de hasta tres horas y pasajeros que pierden vuelos, el fracaso deja de ser técnico para convertirse en un problema de gobernanza y gestión de contratos públicos. Eso es precisamente lo que enfrenta hoy la Unión Europea con su Sistema de Entrada y Salida (EES), cuya implementación ha derivado en acciones legales formales contra el consorcio tecnológico responsable de su desarrollo.
EU-Lisa, la agencia europea encargada de los sistemas informáticos de gran escala en materia de justicia y seguridad, presentó en diciembre de 2025 una demanda ante un tribunal en Estonia —sede de la agencia— contra IBM, la empresa francesa Atos y el contratista italiano Leonardo. Según las cuentas anuales de la agencia, la acción legal responde a "los diversos retrasos en la entrega del EES por parte del consorcio contratista", y representa la activación de los recursos contractuales y legales disponibles para proteger el interés financiero de la institución. La Comisión Europea aclaró que la demanda se circunscribe a la fase de desarrollo del sistema, no a su operación actual, que continúa activa en toda la región.
Desde su entrada en funcionamiento en octubre de 2025, el EES ha requerido que todos los viajeros no ciudadanos del espacio Schengen —que abarca 25 de los 27 Estados miembros de la UE, más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza— proporcionen imágenes faciales y escaneos de huellas dactilares antes de ingresar al bloque. Los aeropuertos han reportado fallas recurrentes en los kioscos de registro y caídas del sistema durante horas pico, lo que ha generado cuellos de botella operativos de magnitud considerable. Este caso ilustra una tensión estructural que organismos como el Banco Mundial y la OCDE han documentado en proyectos de tecnología pública a gran escala: la brecha entre los plazos contractuales, la complejidad técnica real y la capacidad institucional para supervisar la entrega. Para los estrategas corporativos e inversores en infraestructura digital, el episodio subraya que los megacontratos gubernamentales en ciberseguridad y gestión de identidad conllevan riesgos reputacionales y legales que deben integrarse desde el diseño del modelo de negocio, no gestionarse como contingencias tardías.
