Sostenibilidad de los sistemas de pensiones: lecciones del déficit estructural en seguridad social
Cuatro décadas de transformación económica han erosionado silenciosamente la base financiera del sistema de seguridad social más grande del mundo. Según un análisis reciente citado por AARP, la nómina gravable del Seguro Social estadounidense ha caído del 41% del PIB en 1983 al 34% en 2025, una contracción que tiene consecuencias directas sobre la viabilidad del programa a largo plazo. De haberse mantenido esa proporción alineada con el crecimiento económico, el fondo podría garantizar beneficios completos hasta 2059, es decir, 25 años más allá de la fecha de agotamiento proyectada actualmente para 2034.
Los fideicomisarios del programa estiman que, de no mediar reformas legislativas, solo el 83% de los beneficios programados estarán disponibles a partir del tercer trimestre de 2034. El fondo específico de jubilación enfrenta un horizonte aún más cercano: su agotamiento se proyecta para el cuarto trimestre de 2032, con una cobertura estimada del 78%. Detrás de estas cifras hay dos fuerzas estructurales que los legisladores de 1983 no anticiparon con suficiente precisión: el aumento sostenido de la desigualdad de ingresos, que ha reducido la proporción cubierta por el tope del impuesto a la nómina del 90% al 83%, y el desplazamiento de la generación de riqueza hacia ingresos empresariales y de capital, categorías que históricamente no tributan bajo los esquemas de nómina tradicionales. A esto se suma el impacto de la automatización, que ha reducido estructuralmente la demanda de trabajo formal.
Para los estrategas y tomadores de decisiones en México y América Latina, este escenario ofrece señales de alerta anticipadas. La relación trabajadores-beneficiarios en Estados Unidos se proyecta que caerá de 3.4 a 2.4 entre 2000 y 2030, una dinámica que varios sistemas latinoamericanos ya están experimentando o experimentarán en la próxima década. El debate de fondo no es solo actuarial: es sobre cómo rediseñar los mecanismos de financiamiento de la protección social en economías donde el trabajo formal pierde terreno frente al capital, la plataformización y la automatización. Las reformas que no contemplen esta reconfiguración estructural de la economía seguirán siendo insuficientes, independientemente del contexto geográfico.
