Nuevas restricciones fiscales y mayores cobros a turistas reconfiguran el panorama tributario en México
Cambios estructurales en el marco fiscal mexicano entraron en vigor con la publicación de la Ley de Ingresos 2027, afectando tanto a grandes contribuyentes corporativos como al flujo turístico internacional. Para las empresas con ingresos anuales superiores a 50 millones de pesos, las reglas del juego en materia de deducciones cambian de forma relevante: aquellas que superen ese umbral no podrán deducir más del 96.7% de sus ingresos acumulables, mientras que las que se mantengan por debajo tendrán un techo del 99%. El sector automotriz y las gasolineras quedan fuera de esta disposición.
Según estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las nuevas restricciones a las deducciones buscan contener prácticas de planeación contable agresiva que erosionan la base gravable, y se proyecta que generarán una recaudación adicional de entre 120,000 y 130,000 millones de pesos. En paralelo, el Programa de Regularización Fiscal para 2027 se amplía al eliminar el límite de ingresos de 300 millones de pesos para acceder a él, abriendo la puerta a más de 16,000 grandes empresas que concentran créditos fiscales por 1.1 billones de pesos. La edición anterior del programa ya benefició a más de 38,000 contribuyentes y generó entre 6,000 y 6,500 millones de pesos en recaudación, lo que sugiere un modelo que el gobierno considera replicable a mayor escala.
En el frente turístico, el Derecho de No Residente (DNR) registra un incremento del 17.8%, elevando la cuota de 983 a 1,158 pesos por visitante extranjero de corta estancia. Se trata del segundo aumento anual consecutivo —la tarifa era de 860.56 pesos en 2025— y coloca a México en una tendencia global de monetización del turismo internacional como fuente de ingresos fiscales. Para los estrategas del sector hospitalario y de viajes, este ajuste representa una variable adicional en la ecuación de competitividad frente a otros destinos de la región. En conjunto, las reformas aprobadas señalan un giro hacia una política fiscal más activa, con implicaciones directas para la planeación financiera corporativa y la gestión de costos en industrias dependientes del turismo receptor.
