Fallo judicial valida compra de inmueble público cuestionada por vicios de procedimiento
Fallos como el emitido por la Sala Quinta de lo Contencioso Administrativo de Guatemala ilustran un fenómeno recurrente en la gestión pública latinoamericana: la tensión entre la voluntad política de revertir contratos estatales y los límites formales que impone el marco jurídico-administrativo. En este caso, el tribunal dejó sin efecto la declaración de lesividad que buscaba anular la compra de un edificio adquirido por el Ministerio Público en 2017 por Q35.1 millones —aproximadamente USD 4.6 millones—, validada en su momento por el avalúo oficial de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (Dicabi) del Ministerio de Finanzas Públicas.
La resolución no giró en torno al fondo económico de la operación, sino a deficiencias procedimentales de fondo: la institución no otorgó audiencia previa a la empresa vendedora, no agotó la etapa de conciliación prevista en el artículo 102 de la Ley de Contrataciones del Estado y, según los magistrados, la autoridad que emitió el Acuerdo 32-2020 carecía de competencia para declarar unilateralmente la lesividad, facultad que los artículos 20 de la Ley de lo Contencioso Administrativo y 17 de la Ley del Organismo Ejecutivo reservan al presidente de la República en Consejo de Ministros. Este tipo de errores formales —frecuentes en procesos de revisión contractual impulsados por cambios de administración— suelen convertirse en el talón de Aquiles de impugnaciones que, de haberse instrumentado correctamente, podrían haber prosperado.
Desde una perspectiva de gestión pública y gobierno corporativo, el caso aporta señales relevantes para directivos y asesores legales del sector público. Primero, la existencia de una valoración privada posterior de Q31.5 millones —USD 4.1 millones— no fue suficiente para acreditar sobrevaloración, dado que los tribunales reconocen la variabilidad técnica inherente a los avalúos inmobiliarios. Segundo, señalamientos operativos como la falta de conexión al servicio municipal de agua o irregularidades en el proceso de adjudicación en Guatecompras tampoco constituyeron prueba de lesión al erario. El resultado práctico es que el contrato permanece vigente y el inmueble queda a disposición de la institución, lo que abre una nueva etapa de decisiones sobre su uso y administración. Para los estrategas de política pública, el fallo subraya que la solidez de un proceso de revisión contractual depende tanto de la sustancia económica como del rigor procedimental con que se construye el expediente.
