Crisis de jóvenes sin empleo ni estudio: cuando el gasto en beneficios supera 25 veces la inversión en empleo
Casi un millón de jóvenes menores de 25 años en el Reino Unido no estudian ni trabajan, una cifra que ha crecido sostenidamente desde los 170,000 registrados cuando el gobierno británico acuñó el término 'Neet' en 1999. La pandemia y la desaceleración económica aceleraron esta tendencia, convirtiendo el fenómeno en una de las crisis sociales más costosas para el erario y más dañinas para la cohesión social de ese país. En ciudades como Liverpool, el 14.5% de los jóvenes de 16 a 24 años se encuentra desempleado, una señal de que el problema tiene dimensiones estructurales que van más allá de los ciclos económicos.
Un extenso informe elaborado durante un año propone una reconfiguración profunda del gasto público destinado a esta población. La propuesta central es políticamente incómoda: reducir drásticamente los recursos canalizados a beneficios por enfermedad y discapacidad para menores de 25 años, que actualmente superan 25 veces lo invertido en programas de empleo, y reequilibrar esa proporción hacia una relación de dos a uno. En paralelo, el informe aboga por una expansión significativa en educación superior, capacitación técnica, apoyo en salud mental y creación de empleos subsidiados. La propuesta incluye además una 'garantía de oportunidad' con rango legal, que obligaría a las autoridades a ofrecer a cada joven acceso a empleo, aprendizaje, formación o tratamiento de salud, de manera análoga a las obligaciones que el Estado ya tiene con menores en custodia o personas sin hogar.
Para los estrategas de política pública y los líderes empresariales en México y América Latina, el debate británico ofrece señales relevantes. La región enfrenta una dinámica similar: según datos del Banco Mundial, entre 20 y 30% de los jóvenes latinoamericanos no estudia ni trabaja, y el gasto social orientado a transferencias pasivas supera con frecuencia la inversión en empleabilidad activa. La pregunta de fondo que plantea este informe —si los sistemas de bienestar están diseñados para sostener la inactividad o para activar el potencial productivo— es igualmente urgente en contextos donde la presión demográfica juvenil representa tanto un riesgo fiscal como una oportunidad de crecimiento económico si se gestiona con políticas de largo plazo.
