Prejubilación voluntaria sin ERE: el cambio fiscal que puede costar hasta 60,000 euros

Quienes optaron por una prejubilación voluntaria sin el respaldo de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) formal enfrentan ahora una carga tributaria significativamente mayor en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), bajo la supervisión del Ministerio de Hacienda, ha unificado criterio: en ausencia de un procedimiento de despido colectivo formalmente constituido al momento de la salida, la indemnización percibida se clasifica como rendimiento del trabajo, lo que implica la pérdida de la exención fiscal históricamente aplicada a este tipo de compensaciones. La diferencia económica puede oscilar entre 22,000 y más de 60,000 euros, dependiendo del nivel salarial, el monto de la indemnización y la comunidad autónoma de residencia.

El caso que motivó la unificación de criterio involucra a un empleado del sector bancario que se prejubiló en 2021 mediante acuerdo individual, mientras que el ERE colectivo fue formalizado por la empresa varios meses después. Aunque el Tribunal Económico-Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana falló inicialmente a favor del trabajador en 2025, la Agencia Tributaria apeló y el TEAC estableció el nuevo estándar interpretativo. Para que una prejubilación conserve su carácter exento, deben cumplirse condiciones precisas: existencia de un procedimiento de despido colectivo formalmente iniciado, un periodo de consultas abierto con representantes de los trabajadores y comunicación a la autoridad laboral competente. La anticipación informal de que una empresa planea un ERE futuro no es jurídicamente suficiente.

Desde una perspectiva de planificación estratégica para directivos y responsables de recursos humanos, las implicaciones son considerables. Un trabajador con un salario de 40,000 euros anuales y una indemnización de 80,000 euros vería su factura fiscal escalar de aproximadamente 7,200 euros a 29,600 euros en Madrid, y de 7,900 euros a 31,100 euros en Barcelona, según el perfil analizado. En perfiles de mayor remuneración, el impacto puede superar los 60,000 euros adicionales en tributación. Aunque la reducción del 30% aplicable a rentas irregulares sigue vigente, el ingreso restante se acumula a la base imponible del ejercicio y tributa al tipo marginal correspondiente. Este cambio de criterio convierte una decisión que muchos trabajadores consideraban fiscalmente neutra en una variable de alto impacto financiero, y refuerza la necesidad de que las organizaciones acompañen cualquier proceso de salida incentivada con asesoría fiscal especializada y con la formalización oportuna de los marcos legales que protegen a ambas partes.