La política pública también necesita aprender de niños y niñas

Por Uriel Naum Avila

Cuando se habla de primera infancia, la conversación suele centrarse en niñas y niños, familias, escuelas o servicios de atención. Sin embargo, existe otro actor que pocas veces aparece en el debate: las personas responsables de diseñar, financiar e implementar las políticas públicas.

Precisamente sobre ese punto giró el panel Formación de líderes en políticas de primera infancia en la región, una conversación que puso sobre la mesa una realidad poco discutida. Buena parte de quienes hoy ocupan posiciones estratégicas en gobiernos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil llegaron al tema sin procesos formales de especialización.  

La consecuencia ha sido una agenda que, en muchos casos, ha dependido más del esfuerzo individual y del aprendizaje empírico que de una formación sistemática que permita construir capacidades institucionales duraderas. 

“Había una brecha en la formación de quienes trabajan en gobiernos y sociedad civil, porque prácticamente no existían rutas formales para especializarse en políticas en este tema en América Latina”, explicó Alejandra Cortázar, consultora de primera infancia para el Banco Mundial y moderadora del encuentro. 

Cuando la capacitación transforma decisiones

Funcionarias y funcionarios de distintos países compartieron experiencias sobre cómo el fortalecimiento de capacidades les permitió replantear presupuestos, mejorar la coordinación entre instituciones y desarrollar nuevas formas de financiamiento para programas orientados a las infancias.

En el caso de El Salvador, Eunice Deras, directora ejecutiva del Instituto Crecer Juntos, destacó que la formación especializada ha contribuido a consolidar una red regional de colaboración que hoy trasciende fronteras.

“El certificado ha logrado algo muy valioso: conectar personas, experiencias y aprendizajes de toda la región”, señaló. “En El Salvador ya completamos una primera etapa de implementación de nuestra política de primera infancia y hoy estamos haciendo una pausa para asegurar su sostenibilidad en el periodo 2026-2030”. 

La construcción de estas redes se ha convertido en uno de los principales activos de la agenda regional. “Esta gran comunidad de primera infancia nos ha permitido construir alianzas clave en el territorio. Hemos conectado con colegas de UNICEF y hoy estamos diseñando nuevas colaboraciones con instituciones públicas, academia, sociedad civil y sector privado”, agregó Deras. 

Más presupuesto no siempre significa mejores políticas

Uno de los momentos más relevantes de la conversación llegó cuando las y los participantes cuestionaron una de las creencias más extendidas en la gestión pública: que una buena política necesariamente implica mayores recursos o grandes proyectos de infraestructura.

Para Carmen Lucía Munguía, secretaria ejecutiva del SIPINNA Sonora, la formación especializada cambió por completo esa perspectiva. “Debo admitir que durante mucho tiempo asocié una buena política pública con más presupuesto o más infraestructura. Sin embargo, el certificado en primera infancia cambió mi perspectiva. Hoy tengo claro que, más allá de las obras, lo que realmente necesitamos es mejorar la calidad de vida de las niñas y los niños”, afirmó. 

Otro de los temas en el panel fue la fragmentación institucional que persiste en numerosos gobiernos de la región. Áreas de planeación, presupuesto, evaluación y operación suelen actuar de manera independiente, dificultando la construcción de estrategias integrales para la primera infancia.  

Desde la experiencia del Estado de México, Rodrigo Rafael Arenas Luna, director de Análisis y Seguimiento de la Secretaría de Finanzas, explicó que la formación especializada ayudó a derribar varias de esas barreras.

“La diversidad de cada región representa uno de los grandes desafíos de la política pública. Llegar de manera efectiva a todos los territorios exige coordinación y capacidades compartidas”, señaló. 

Según el funcionario, uno de los mayores beneficios de estos espacios consiste en generar una cultura de colaboración entre sectores que tradicionalmente operaban de manera aislada.

“El programa de certificación nos ayudó a flexibilizar la política pública, a escuchar a quienes tienen experiencia técnica y a fortalecer relaciones intergubernamentales que antes trabajaban de manera aislada”, afirmó.  

Las dos generaciones del Certificado de Competencias en Políticas de Primera Infancia han reunido participantes de 15 países, mientras que la primera edición registró niveles superiores al 90% en adquisición de competencias y graduó a 35 especialistas de distintos sectores.