¿Uzbekistán tiene un problema de trabajo forzado en su industria de la seda?
Agricultores de algodón y trigo en Uzbekistán continúan siendo obligados a suministrar capullos de gusano de seda a empresas privadas bajo amenazas de expropiación de tierras, cortes de agua, multas y violencia física. Así lo documenta un informe elaborado durante tres años por el Foro Uzbeko para los Derechos Humanos, basado en entrevistas con 85 agricultores, productores a domicilio y representantes de empresas del sector. El hallazgo central es que, mientras la comunidad internacional logró avances parciales en la erradicación del trabajo forzado en los campos de algodón uzbekos, la industria de la seda —estructuralmente similar en sus mecanismos de cuotas y coerción— ha permanecido fuera del radar regulatorio.
Uzbekistán ocupa el tercer lugar mundial en producción de capullos de gusano de seda, detrás de China e India, con exportaciones proyectadas hacia mercados como China, Turquía, India, Corea del Sur y Vietnam. Esta posición estratégica en la cadena de suministro global de textiles adquiere una dimensión crítica ante el endurecimiento regulatorio en múltiples jurisdicciones: los capullos de seda uzbekos ya figuran en la lista de productos vinculados al trabajo forzado del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y normativas de la Unión Europea, Canadá y México amplían progresivamente el alcance de la debida diligencia sobre cadenas de suministro. Para los estrategas corporativos del sector textil y de moda, esto representa un riesgo de cumplimiento que trasciende la reputación y se convierte en exposición legal directa.
Los contratos que los agricultores firman con los llamados "clústeres" —empresas de procesamiento de seda— suelen estar en blanco, sin especificar contraparte ni precios, y los pagos llegan con retrasos o con deducciones arbitrarias. Según testimonios recogidos en el informe, quienes se niegan a firmar enfrentan desde demoras en la entrega de insumos agrícolas hasta intervención policial. La práctica de asignar cuotas de producción a instituciones del sector público perpetúa este ciclo, lo que plantea preguntas estructurales sobre la viabilidad de certificar como libre de trabajo forzado cualquier producto que incorpore seda uzbeka en sus primeras etapas de procesamiento. Para inversores y marcas con exposición en mercados regulados, la trazabilidad de origen en esta materia prima se perfila como una variable de riesgo no menor en los próximos años.



