Plazos de pago a 60 días: el dilema de liquidez que frena el crecimiento de los autónomos

Rechazar una obra rentable por no poder financiarla es una decisión que toman a diario miles de autónomos y micropymes en España. El desfase entre el momento en que se incurre en gastos —materiales, nóminas, cotizaciones— y el momento en que el cliente efectúa el pago puede superar los dos meses. Para un trabajador independiente con empleados a su cargo, ese intervalo representa un riesgo de liquidez que puede comprometer la viabilidad del negocio completo, no solo de la obra en cuestión.

Este fenómeno tiene raíces estructurales. Antes de recibir cualquier ingreso, el autónomo debe adelantar la compra de materiales y cubrir los costes laborales mensuales, independientemente del calendario de cobro pactado con el cliente. A esto se suma la práctica extendida en el sector de la construcción de aplicar retenciones en garantía: un porcentaje de cada certificación que no se libera hasta el vencimiento del plazo de garantía de la obra, lo que puede prolongar la recuperación del capital durante meses o años. El resultado es que el pequeño proveedor financia, con recursos propios, parte del ciclo operativo de empresas con mayor capacidad financiera.

Desde el punto de vista normativo, el marco legal español establece límites claros. La Ley 3/2004 de lucha contra la morosidad en operaciones comerciales fija un plazo general de 30 días desde la entrega del bien o servicio, ampliable a 60 días por acuerdo entre las partes. Cualquier extensión más allá de ese umbral carece de validez jurídica, aunque esté firmada contractualmente. En caso de incumplimiento, la norma reconoce al acreedor el derecho a reclamar intereses de demora —calculados sobre el tipo del Banco Central Europeo más ocho puntos porcentuales— y una compensación fija de 40 euros por factura impagada. La Ley 18/2022 incorporó además la morosidad como infracción sancionable, aunque su desarrollo reglamentario sigue pendiente. En el ámbito público, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece un plazo máximo de 30 días desde la aprobación de la certificación.

Sin embargo, la brecha entre lo que establece la ley y lo que ocurre en la práctica es amplia. El pequeño proveedor rara vez activa los mecanismos de reclamación disponibles, en parte porque el coste reputacional de litigar contra su principal cliente supera, en el corto plazo, el beneficio económico de recuperar los intereses de demora. Esta asimetría de poder es el verdadero nudo del problema: no es una laguna legislativa, sino una dinámica de mercado que penaliza a quienes menos capacidad tienen para absorber el riesgo financiero. Según datos del Consejo General de Economistas, el periodo medio de cobro en España para las pymes se sitúa por encima de los 70 días en sectores como la construcción, muy por encima de la media europea.

Para los estrategas y directivos que trabajan con redes de proveedores pequeños, este escenario tiene implicaciones directas en la cadena de suministro. La selección adversa —los mejores autónomos rechazan contratos con plazos largos— reduce la calidad del pool de proveedores disponibles y eleva los costes de coordinación a largo plazo. Adoptar políticas de pago más cortas o instrumentos de financiación como el confirming no es solo una decisión ética: es una palanca de competitividad que mejora la estabilidad y la calidad de la cadena de valor.