Conflicto de interés en colegios profesionales reaviva el debate sobre regulación inmobiliaria

Cuando el organismo que regula una profesión compite directamente con quienes regula, el sistema de control se convierte en un instrumento de exclusión. Esa es, en esencia, la conclusión que emerge del dictamen emitido por la Autoridad Nacional de la Competencia y el Tribunal de Defensa de la Competencia de Argentina, que impuso una sanción millonaria al Colegio Profesional Inmobiliario porteño por abuso de posición dominante y lo que el fallo denominó "persecución sistemática" contra profesionales vinculados a modelos de redes y franquicias.

La investigación expuso una desproporción estadística difícil de ignorar: los corredores asociados a redes comerciales representan menos del 2% del padrón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero concentraron el 20% de las causas disciplinarias iniciadas por la entidad. Este dato cuantitativo es el núcleo del conflicto de interés estructural que el dictamen oficial identificó: las autoridades con potestad disciplinaria son, simultáneamente, competidores activos en el mismo mercado que regulan. Para los estrategas corporativos y analistas de gobernanza, el caso ilustra un patrón conocido en sectores con colegiaturas obligatorias: la captura regulatoria por parte de actores con intereses comerciales directos, un fenómeno documentado por la OCDE en múltiples mercados de servicios profesionales de América Latina.

En respuesta al fallo, la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios presentó una propuesta normativa articulada en cuatro ejes que busca rediseñar el modelo de habilitación profesional. El primero plantea una matrícula no obligatoria para eliminar barreras artificiales de entrada al mercado. El segundo propone un Registro Nacional Biométrico de Corredores: un sistema público, único y federal, con validación de identidad, que permitiría a cualquier ciudadano verificar la idoneidad de un profesional sin depender de entidades con intereses comerciales. El tercer eje reemplaza el régimen sancionatorio colegial por un Seguro de Responsabilidad Profesional Obligatorio, trasladando la garantía patrimonial al ámbito asegurador. El cuarto eje preserva la supervisión estatal independiente para obligaciones críticas como la prevención del lavado de activos y los deberes de transparencia.

Más allá del caso puntual, el fallo tiene implicaciones para el diseño institucional de mercados regulados en toda la región. Según el presidente de la cámara sectorial, la situación no es exclusiva de Buenos Aires: "en muchos Colegios inmobiliarios del país se da exactamente la misma situación". Para los líderes de transformación y los consultores de política pública, el modelo propuesto representa una señal de cambio hacia arquitecturas regulatorias centradas en el consumidor, donde la habilitación profesional se desacopla de los intereses gremiales y se apoya en tecnología de verificación de identidad y en mecanismos de mercado como el seguro obligatorio. La pregunta que queda abierta para la próxima década es si otros sectores profesionales —desde la salud hasta el derecho— seguirán una trayectoria similar de desintermediación regulatoria.