Infraestructura de datacenters en Argentina: qué regiones lideran la atracción de inversión digital

Tres provincias argentinas concentran las condiciones más favorables para el desarrollo de infraestructura de centros de datos, según un estudio de la Cámara Argentina de Internet elaborado por su Comisión de Carriers, Datacenters e Infraestructura para Inteligencia Artificial. Río Negro, la provincia de Buenos Aires y Neuquén encabezan un ranking nacional de 24 jurisdicciones evaluadas con base en cinco factores: energía, conectividad, alícuotas del impuesto sobre Ingresos Brutos, regímenes de promoción de inversiones y disponibilidad de talento. Río Negro obtuvo la puntuación máxima en energía, carga fiscal y promociones fiscales; Buenos Aires destacó en energía, conectividad y talento; Neuquén alcanzó el tope en energía y marcos de promoción.

El modelo multicriterio asignó mayor peso a energía y conectividad —30% cada uno—, seguidos por los regímenes de promoción de inversiones con 20%, y con 10% cada uno para alícuotas impositivas y talento. Esta ponderación refleja las prioridades reales de los operadores de infraestructura digital a escala global: la disponibilidad y estabilidad del suministro eléctrico, junto con la velocidad y penetración de banda ancha, son los determinantes primarios de localización para instalaciones que demandan potencia continua y latencia controlada. El top 10 se completa con La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Cruz, San Juan y Santa Fe, lo que sugiere una distribución geográfica más amplia del potencial, aunque con brechas significativas respecto a las tres primeras posiciones.

Argentina opera actualmente 15 datacenters con capacidad superior a un megavatio, con una potencia instalada total cercana a los 35 megavatios. El 60% de esa capacidad se concentra en la Ciudad de Buenos Aires y el 40% restante en el Gran Buenos Aires, una distribución que el propio informe implícitamente cuestiona al mostrar que otras provincias ofrecen condiciones competitivas equivalentes o superiores. Para estrategas e inversores en infraestructura digital de América Latina, el caso argentino ilustra una tendencia más amplia: la demanda de cómputo asociada a cargas de inteligencia artificial está presionando a los gobiernos subnacionales a competir activamente por inversión mediante marcos regulatorios diferenciados, incentivos fiscales y garantías de suministro energético. La previsibilidad normativa, más que la geografía, emerge como el factor decisivo para convertir potencial en capacidad instalada.