Brecha de cobertura en sistemas de dependencia: señales de madurez y desafíos pendientes
Cerca de 112,000 personas con derecho reconocido a prestación por dependencia permanecen en una zona de espera sin atención efectiva, según el Sexto Observatorio de la Dependencia elaborado por Fedea. Esta cifra, que representa el 6% del universo de solicitantes con resolución favorable, marca un mínimo histórico frente a las 385,000 personas en esa situación registradas en 2015 y al 12.7% que se alcanzó durante el Plan de Choque de 2021. A junio de 2026, el sistema contabilizaba 1,853,859 personas con derecho reconocido, de las cuales 1,741,857 ya recibían su prestación, con el 95% de las solicitudes resueltas. Sin embargo, la espera tiene consecuencias directas sobre la mortalidad: 136,480 personas con derecho fallecieron en el primer semestre del año, y 8,631 de ellas aún aguardaban su prestación al momento del deceso.
Desde una perspectiva estructural, el sistema muestra señales de madurez desigual entre territorios. Mientras comunidades como Aragón y Canarias han reducido su brecha de espera a niveles casi nulos —Canarias pasó del 28% en 2019 al 0.5% actual, con un crecimiento de beneficiarios del 55.9%—, regiones como el País Vasco (15%) y Cataluña (13%) se mantienen por encima de la media nacional. Esta heterogeneidad refleja diferencias en capacidad gestora, modelos de prestación y prioridades presupuestarias autonómicas. En cuanto a la composición del gasto, el 59% corresponde a servicios profesionales y el 41% a prestaciones económicas, aunque la distribución varía significativamente: en Canarias, el 70% de las prestaciones son económicas, mientras que en La Rioja ese porcentaje cae al 15%. El gasto público total del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) alcanzó los 13,992 millones de euros en 2025, con un incremento del 8.4% interanual, y la aportación estatal creció del 21% en 2021 al 27% en 2025.
Para los estrategas de política pública y los inversores en infraestructura de cuidados, el horizonte inmediato presenta tanto oportunidades como riesgos de ejecución. Con la aprobación del Real Decreto-ley 17/2026, las prestaciones económicas se duplican —el Grado II pasa de 130 a 260 euros mensuales y el Grado III de 290 a 660 euros—, y la aportación estatal escalará de 3,522 millones en 2025 a 5,513 millones en 2026. El informe advierte que el éxito de esta reforma dependerá en gran medida de la capacidad de gestión de las comunidades autónomas. En perspectiva comparada, España destina aproximadamente el 1% del PIB a cuidados de larga duración, frente al 1.9% promedio de la OCDE, lo que indica un margen de expansión del sistema que, de materializarse, representará una de las transformaciones más significativas del gasto social en la próxima década. El análisis también conecta el sector de cuidados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3 y 8, vinculando salud mental, soledad en mayores y condiciones laborales del sector como variables críticas para la sostenibilidad del modelo.



