Hojas de ruta nacionales para abandonar combustibles fósiles: señales y límites del compromiso climático

Tres gobiernos europeos presentaron en la COP31 sus hojas de ruta para eliminar el uso de combustibles fósiles antes de 2040, en el marco de la Alianza Beyond Oil and Gas (BOGA), foro político fundado en la COP26 de Glasgow en 2021 con el impulso inicial de Dinamarca y Costa Rica. El anuncio amplía una lista de naciones con fechas declaradas para cerrar la era del carbón, gas y petróleo, aunque con plazos y mecanismos de cumplimiento que varían considerablemente entre sí. Luxemburgo se sumará al grupo antes de la conferencia conjunta de Irlanda y Tuvalu, prevista para el ciclo de la COP32, lo que indica que el movimiento gana masa crítica, si bien a ritmos dispares.

BOGA no opera como un organismo técnico de supervisión, sino como una plataforma de alineación política: su premisa central es que una fracción significativa de las reservas conocidas de carbón, gas y petróleo debe permanecer sin extraer para mantener el calentamiento global por debajo de 1.5 °C, umbral que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) identifica como el límite crítico para evitar efectos irreversibles en los ecosistemas. En Antalya, la alianza demandó acciones más contundentes para sostener ese objetivo, en un contexto donde las emisiones globales siguen sin alcanzar el pico proyectado por los modelos de descarbonización acelerada.

Organizaciones de monitoreo climático han señalado que el valor real de estos anuncios depende de tres condiciones: que incluyan fechas explícitas y vinculantes para el cierre de producción de cada combustible fósil, que contemplen la eliminación de subsidios públicos al sector —que según la Agencia Internacional de Energía (AIE) superaron los 7 billones de dólares globales en 2022 si se incluyen costos externos no internalizados— y que los objetivos de electrificación estén anclados exclusivamente a fuentes renovables, sin abrir ventanas para el gas fósil como energía de transición. Sin estas tres condiciones, los documentos presentados corren el riesgo de reciclar metas ya contenidas en los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima vigentes, reempaquetándolas como compromisos nuevos sin impacto adicional en el balance de emisiones.

Para los estrategas corporativos y los inversores en infraestructura energética, el patrón que emerge de estas negociaciones tiene implicaciones concretas: los mercados de capitales están comenzando a descontar activos fósiles con horizontes de vida útil que superan las fechas declaradas por los gobiernos, lo que genera riesgo de activos varados en carteras de largo plazo. McKinsey & Company estima que la transición energética requerirá inversiones anuales de entre 3.5 y 4 billones de dólares hasta 2050, con una reorientación acelerada desde infraestructura fósil hacia redes eléctricas, almacenamiento y generación renovable. La velocidad a la que los gobiernos conviertan declaraciones políticas en regulación vinculante determinará, en gran medida, la certidumbre que necesitan esas inversiones para materializarse.