Registro celular obligatorio en México: por qué una prórroga era inevitable

Con más de 82 millones de líneas sin vincular y el plazo del 30 de junio en riesgo, la CRT evalúa extender el registro celular 120 días más

Ante más de 82 millones de líneas telefónicas sin vincular, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) analiza otorgar una prórroga de 120 días al plazo del 30 de junio para completar el registro celular obligatorio en México. La medida, que se anticipa será anunciada en los próximos días, responde a la brecha crítica entre las 61.4 millones de líneas registradas al 19 de junio y las 144 millones de líneas activas reconocidas por la autoridad —cifra que podría ascender a 160 millones si se incorporan los operadores móviles virtuales.

El giro regulatorio resulta significativo: durante meses, la CRT sostuvo que el plazo era definitivo. En abril, la comisionada presidenta Norma Solano descartó públicamente cualquier extensión; semanas después, la directora general de Supervisión del Cumplimiento reiteró que las líneas no registradas serían suspendidas temporalmente. Sin embargo, la realidad operativa impuso sus condiciones. Representantes del sector advierten que una desconexión masiva no podría ejecutarse de forma inmediata, sino de manera gradual, dada la complejidad técnica del proceso. Organismos como la GSMA habían señalado desde etapas tempranas que los tiempos planteados eran difíciles de cumplir en un mercado tan amplio y heterogéneo como el mexicano.

Más allá del calendario, el debate ha escalado al plano constitucional. Especialistas en derecho señalan que suspender líneas móviles por falta de registro podría vulnerar el derecho de acceso a las telecomunicaciones, reconocido en la Constitución mexicana. En paralelo, la CRT emitió una interpretación que permite considerar registradas automáticamente las líneas de pospago cuyos titulares ya fueron identificados al contratar el servicio, lo que incorporaría más de 26 millones de líneas de los tres principales operadores. Esta combinación de factores —presión operativa, riesgo legal y rezago en el padrón— configura un escenario donde la ampliación no es solo probable, sino estructuralmente necesaria para que la política pública alcance sus objetivos sin generar una crisis de conectividad de escala nacional. Entorno ha documentado el seguimiento puntual de este proceso regulatorio, que definirá los estándares de identidad digital en el ecosistema móvil mexicano.