Registro celular obligatorio en México: por qué una prórroga era inevitable

La CRT evalúa extender 120 días el plazo de registro ante 82 millones de líneas sin vincular y la inviabilidad de una desconexión masiva inmediata

Ante más de 82 millones de líneas telefónicas sin vincular, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) analiza otorgar una prórroga de 120 días al plazo original del 30 de junio para completar el registro celular obligatorio en México. La medida, que se anticipa será anunciada en los próximos días, responde a una brecha operativa que resultó imposible de ignorar: al 19 de junio, solo 61.4 millones de líneas habían sido registradas de un universo de 144 millones reconocidas por la autoridad —y posiblemente hasta 160 millones si se incluyen los operadores móviles virtuales.

Entorno ha documentado el giro regulatorio con precisión: durante meses, la CRT sostuvo que no habría extensiones. En abril, la comisionada presidenta Norma Solano ratificó el plazo como definitivo, postura que fue reiterada por la directora general de Supervisión del Cumplimiento, Lourdes Margarita Santaolalla Fernández. Sin embargo, la aceleración insuficiente del padrón —que a principios de junio apenas superaba los 52 millones de líneas— hizo evidente que una desconexión masiva el 1 de julio era operativamente inviable. Representantes del sector señalaron que, aunque los operadores tienen capacidad técnica para ejecutar el corte, la escala del proceso exigiría una implementación gradual. Organismos como la GSMA habían advertido con anticipación que los tiempos planteados eran difíciles de cumplir en un mercado tan heterogéneo como el mexicano.

Más allá del reto logístico, el debate ha escalado al plano constitucional. Expertos en derecho han señalado que suspender líneas móviles por falta de registro podría vulnerar el derecho de acceso a las telecomunicaciones, reconocido en la Constitución mexicana. En paralelo, la CRT emitió una interpretación que permite considerar registradas automáticamente las líneas de pospago cuyos titulares ya fueron identificados al contratar el servicio, lo que podría incorporar más de 26 millones de líneas de los tres principales operadores. Cabe señalar que la propia Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya contemplaba un periodo adicional de regularización de 120 días para líneas que no completaran el registro en tiempo, lo que convierte la eventual prórroga en una aplicación de la norma vigente, no en una concesión extraordinaria. Para las organizaciones que gestionan flotas de dispositivos móviles o servicios conectados, el escenario refuerza la necesidad de incorporar el cumplimiento regulatorio en telecomunicaciones como variable permanente de gestión de riesgo operativo.