Tarifas de transporte público en Morelos suben a 13 pesos: qué implica para usuarios y operadores

El ajuste, el primero desde 2021, responde a la presión acumulada de costos operativos y establece nuevas obligaciones de modernización para los concesionarios del estado.

Morelos formaliza un incremento en la tarifa del transporte público con itinerario fijo que entrará en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios pagarán 13 pesos por viaje, tres pesos más que la tarifa vigente de 10 pesos, que se mantuvo sin cambios desde 2021. La medida fue publicada en la edición extraordinaria del Periódico Oficial Tierra y Libertad e incluye, además del ajuste tarifario, un conjunto de obligaciones de modernización tecnológica, seguridad vial y accesibilidad para los operadores del sistema estatal.

Según el decreto emitido por la Coordinación General de Movilidad y Transporte, el ajuste responde al encarecimiento acumulado de insumos críticos para la operación del servicio: combustibles, lubricantes, neumáticos, refacciones, mantenimiento, seguros y servicios tecnológicos. A estos factores se suma el impacto de los incrementos al salario mínimo y la inflación registrada entre 2022 y 2026, que deterioraron la estructura financiera de los concesionarios. El gobierno estatal evaluó la propuesta original del sector, que solicitaba una tarifa mínima de 15 pesos, pero la descartó por considerarla inviable desde una perspectiva social, dado el peso que representa el transporte colectivo en el gasto de las familias morelenses.

Entorno destaca que el acuerdo incorpora protecciones para grupos prioritarios que los concesionarios estarán obligados a cumplir: exención total del pago para menores de tres años y personas con discapacidad, descuento del 50 por ciento para adultos mayores, y subsidios para estudiantes conforme a la normativa vigente. Las unidades deberán exhibir de forma visible la tarifa autorizada y los beneficios aplicables. Para los estrategas del sector movilidad urbana, este caso ilustra una tensión estructural que enfrentan múltiples sistemas de transporte concesionado en México: la brecha entre costos operativos reales y tarifas políticamente contenidas, cuya resolución tardía eleva el costo social del ajuste cuando finalmente se autoriza.