Registro celular obligatorio en México: por qué una prórroga era inevitable

Ante más de 82 millones de líneas telefónicas sin vincular, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) analiza otorgar una prórroga de 120 días al plazo original del 30 de junio para completar el registro celular obligatorio en México. La medida, que se anticipa será anunciada en los próximos días, evidencia las tensiones entre la ambición regulatoria y la realidad operativa de un mercado con cerca de 160 millones de líneas activas si se considera el universo completo de operadores, incluidos los virtuales.

Hasta el 19 de junio, la CRT reportó apenas 61 millones 422 mil 202 líneas registradas frente a las 144 millones reconocidas oficialmente, lo que representa menos de la mitad del universo objetivo. El avance insuficiente contrasta con las declaraciones previas de la autoridad: en abril, la comisionada presidenta Norma Solano había asegurado que el plazo sería definitivo, postura que posteriormente reiteró la directora general de Supervisión del Cumplimiento, Lourdes Margarita Santaolalla Fernández. El cambio de postura ilustra un patrón recurrente en implementaciones regulatorias de gran escala: la subestimación de la fricción operativa en mercados masivos y heterogéneos. Organismos como la GSMA habían advertido con anticipación que los tiempos planteados resultaban difíciles de cumplir en el contexto mexicano.

Desde una perspectiva técnica y jurídica, la extensión no es del todo improvisada. La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya contemplaba un periodo adicional de regularización de 120 días para líneas que no completaran el registro a tiempo. Adicionalmente, una interpretación reciente de la CRT permite considerar registradas las líneas de pospago cuyos titulares ya fueron identificados durante la contratación, lo que podría incorporar automáticamente más de 26 millones de líneas de los principales operadores. No obstante, el debate trasciende lo operativo: expertos constitucionalistas señalan que suspender líneas móviles por falta de registro podría vulnerar el derecho de acceso a las telecomunicaciones, un argumento que añade presión adicional sobre la autoridad regulatoria. Para los estrategas del sector y los operadores, el caso representa una señal de alerta sobre los riesgos de implementar políticas de identidad digital sin infraestructura de onboarding suficiente ni campañas de adopción proporcionales a la escala del padrón objetivo. Entorno seguirá el desarrollo de esta regulación y sus implicaciones para el ecosistema de telecomunicaciones en México.