Tarifas de transporte público en Morelos suben a 13 pesos: qué implica para usuarios y operadores

El ajuste tarifario, el primero desde 2021, responde a presiones inflacionarias acumuladas y establece nuevas obligaciones de modernización para los concesionarios del estado

Morelos formaliza un incremento en la tarifa del transporte público con itinerario fijo que entrará en vigor el 1 de julio de 2026. A partir de esa fecha, los usuarios pagarán 13 pesos por viaje en las rutas que operan dentro de la entidad, según lo publicado en la edición extraordinaria del Periódico Oficial Tierra y Libertad. El ajuste representa un aumento de tres pesos respecto a la tarifa vigente de 10 pesos, que se mantenía sin cambios desde 2021.

Según el decreto emitido por la Coordinación General de Movilidad y Transporte, la decisión responde al encarecimiento acumulado de insumos críticos para la operación del servicio: combustibles, lubricantes, neumáticos, refacciones, mantenimiento, seguros y servicios tecnológicos. A estos factores se suman los incrementos al salario mínimo y la inflación registrada entre 2022 y 2026, que han deteriorado la estructura financiera de los concesionarios. El análisis oficial descartó la propuesta de los transportistas, que solicitaban una tarifa mínima de 15 pesos, al considerarla inviable desde una perspectiva social para las familias morelenses que dependen del transporte colectivo como medio principal de movilidad.

Entorno destaca que el acuerdo no se limita al ajuste de precios: incorpora obligaciones de modernización tecnológica, seguridad vial y accesibilidad para los operadores del sistema. En materia de inclusión, los concesionarios deberán garantizar la exención total del pago para menores de tres años y personas con discapacidad, un descuento del 50% para adultos mayores, y subsidios para estudiantes conforme a la normativa vigente. Las unidades también estarán obligadas a exhibir de forma visible la tarifa autorizada y los beneficios aplicables. Para los estrategas de movilidad urbana y los gobiernos estatales que enfrentan presiones similares, el caso de Morelos ilustra la tensión estructural entre sostenibilidad financiera del transporte concesionado y accesibilidad económica para la población de menores ingresos, un dilema que se replica en múltiples entidades del país.