Registro celular obligatorio en México: por qué la prórroga era inevitable

La CRT analiza extender 120 días el plazo de vinculación ante más de 82 millones de líneas sin registrar, en un giro que contradice meses de postura oficial

Más de 82 millones de líneas telefónicas activas en México permanecen sin vincular al padrón celular obligatorio, y la fecha límite del 30 de junio comienza a perder peso ante la magnitud del reto operativo. La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) analiza otorgar una prórroga de 120 días para que los usuarios completen el registro de sus números, una decisión que contrasta con las declaraciones previas de la autoridad, que durante meses sostuvo que no habría extensiones al calendario.

Hasta el 19 de junio, la CRT reportó 61 millones 422 mil 202 líneas registradas frente a un universo oficial de 144 millones de líneas activas —cifra que podría ascender a 160 millones si se incluyen los operadores móviles virtuales—. El avance, equivalente a poco más del 42% del padrón objetivo, revela una brecha que hace técnicamente inviable una desconexión masiva inmediata. Representantes del sector han señalado que, aunque los operadores cuentan con capacidad técnica para ejecutar el corte, el proceso tendría que implementarse de forma gradual por la complejidad operativa que implica. La regulación vigente establece que los usuarios sin registro perderían acceso a llamadas, mensajes y datos móviles, conservando únicamente la posibilidad de realizar llamadas de emergencia, una disposición que expertos constitucionalistas ya han cuestionado por su potencial conflicto con el derecho de acceso a las telecomunicaciones.

El giro regulatorio tiene antecedentes normativos: la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión ya contemplaba un periodo adicional de regularización de 120 días para líneas que no completaran el registro a tiempo. A esto se suma una interpretación reciente de la CRT que permitiría considerar automáticamente registradas las líneas de pospago cuyos titulares fueron identificados al momento de contratar el servicio, lo que podría incorporar de golpe más de 26 millones de líneas de los principales operadores del país. Organismos internacionales como la GSMA habían advertido desde etapas tempranas que los plazos planteados resultaban difíciles de cumplir en un mercado de la escala y diversidad del mexicano. Para los estrategas del sector y los tomadores de decisiones en empresas con flotas de dispositivos móviles, el escenario subraya un patrón recurrente en la implementación de políticas de identidad digital: la distancia entre el diseño regulatorio y la capacidad de ejecución masiva. Según análisis de Entorno, este tipo de tensiones entre ambición normativa y realidad operativa seguirá siendo una variable crítica en la agenda de telecomunicaciones de la región durante los próximos años.