José Antonio Ocampo * Especial para La Jornada: México no puede llegar tarde a la cita fiscal de la ONU

México no puede llegar tarde a la cita fiscal de la ONU

México debe desempeñar un papel activo en las negociaciones de Naciones Unidas sobre una Convención de Cooperación Fiscal Internacional, que se reanudarán en Nueva York el 3 de agosto. Como una de las principales economías de la región y con una capacidad de recaudación fiscal limitada, la participación de México es crucial.

En 2024, el país logró recaudar apenas el 18.3 por ciento de su producto interno bruto (PIB), cifra que se encuentra por debajo del promedio regional de 21.7 por ciento y significativamente lejos del 34.1 por ciento correspondiente a la OCDE. Aunque ha habido mejoras en la recaudación en años recientes, el margen para financiar áreas esenciales como el desarrollo, la salud y la educación sigue siendo estrecho. La dependencia de los ingresos petroleros y de un socio comercial dominante como Estados Unidos aumenta la vulnerabilidad del país. El desafío radica no en la falta de riqueza, sino en que una parte considerable de ella, perteneciente a multinacionales y grandes fortunas, permanece fuera del alcance fiscal.

Por esta razón, lo que suceda en agosto en Nueva York es de vital importancia, ya que se debatirá el futuro de la arquitectura tributaria internacional, la cual influye directamente en la capacidad de los países para recaudar fondos y financiar su desarrollo. La estabilidad futura de México está en juego, más allá de aspectos técnicos fiscales.

El informe sobre desigualdad mundial de 2026 revela una cifra que debería ser de suma importancia para los ministerios de Hacienda en América Latina: el 0.001 por ciento más rico, aproximadamente 56 mil personas, posee tres veces más riqueza que la mitad de la población mundial. La situación en América Latina es aún más preocupante, ya que presenta las mayores disparidades entre el 10 por ciento más rico y el 50 por ciento más pobre. En México, el decil superior gana alrededor de 76 veces más que la mitad más pobre de la población.

La actual guerra en Medio Oriente ha intensificado la urgencia de estos temas. El cierre del estrecho de Ormuz ha incrementado el costo de la deuda externa, que ya afecta a 356 millones de latinoamericanos. Mientras el espacio fiscal se reduce, la guerra beneficia a unos pocos: las empresas petroleras y los intermediarios comerciales están multiplicando sus ganancias, y los fondos especulativos han duplicado sus posiciones en futuros de productos agrícolas. La organización Icrict ha hecho un llamado a gravar las ganancias extraordinarias de aquellos que se benefician de la guerra, una riqueza que el sistema actual no logra captar.

El sistema fiscal global tiene limitaciones. Datos del Observatorio Fiscal Internacional indican que el 24 por ciento de la riqueza offshore de los latinoamericanos no está sujeta a intercambio automático de información, y el 44 por ciento de esta riqueza se encuentra en Estados Unidos, que se ha convertido en la nueva guarida fiscal de la región, algo que México conoce bien por su cercanía y vínculos.

Un informe reciente del Foro Global sobre Transparencia en la región señala que los países latinoamericanos recaudaron 578 millones de euros adicionales gracias a un mayor intercambio de información. Sin embargo, este incremento es desigual entre los distintos países de la región. Las negociaciones en curso en Naciones Unidas podrían facilitar una participación más equitativa en los beneficios del intercambio de información internacional para naciones como México.

El problema subyacente es de arquitectura global. Durante décadas, las reglas fiscales se establecieron en la OCDE, donde los países en desarrollo estaban ausentes o eran una minoría. Investigaciones del Centro Internacional de Impuestos y Desarrollo concluyen que estos estándares generan beneficios desiguales y tardíos. Cada año, cerca del uno por ciento del PIB mundial fluye de los países pobres a los ricos. La regla más reciente, que permite a Estados Unidos aplicar sus propias normativas tributarias independientemente del impuesto mínimo global acordado en las negociaciones de la OCDE, evidencia que estos estándares se moldean según el poder.