Aval de arrendamiento: qué puede retener el casero si abandonas el piso antes de tiempo

La Ley de Arrendamientos Urbanos establece límites precisos sobre las penalizaciones por desistimiento anticipado; cualquier cláusula que los supere es nula de pleno derecho.

Exigir un aval bancario equivalente a seis meses de renta es una práctica habitual al formalizar contratos de arrendamiento. Este depósito queda bloqueado en una entidad financiera durante toda la vigencia del acuerdo y, en teoría, funciona como garantía ante incumplimientos del inquilino. Sin embargo, cuando el arrendatario decide abandonar la vivienda antes del plazo pactado, surge una pregunta crítica: ¿puede el propietario retener parte o la totalidad de ese aval como penalización?

La respuesta está acotada por el artículo 11 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que regula el desistimiento anticipado del contrato. Conforme a esta normativa, el inquilino tiene derecho a rescindir el acuerdo una vez transcurridos los primeros seis meses, siempre que notifique al arrendador con al menos 30 días de antelación. En cuanto a la indemnización, la ley permite que el contrato estipule una penalización equivalente a una mensualidad de renta por cada año restante, prorrateando los periodos inferiores al año. Esto significa que la ejecución del aval por desistimiento está estrictamente limitada a esa cantidad acordada: ni la mitad del aval de forma arbitraria, ni ninguna cifra que exceda lo que marca la LAU.

Cualquier cláusula que imponga una penalización superior queda invalidada automáticamente. El artículo 6 de la misma ley establece que son nulas de pleno derecho aquellas estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario las disposiciones del Título II de la LAU. Para los directivos y ejecutivos que gestionan contratos de arrendamiento —ya sea a título personal o corporativo—, este marco legal subraya la importancia de revisar con detalle cada cláusula antes de firmar, y de asesorarse jurídicamente ante cualquier intento del propietario de retener garantías por encima de lo legalmente permitido.