Las instituciones educativas vulneran derechos al cobrar ciclos no cursados y reportar en centrales de riesgo

Regulador peruano sanciona prácticas abusivas de cobranza que afectan el historial crediticio de estudiantes

Las instituciones educativas privadas enfrentan crecientes sanciones regulatorias por cobrar ciclos académicos no utilizados y reportar estas deudas ficticias en centrales de riesgo, práctica que vulnera derechos fundamentales del consumidor y genera daño crediticio injustificado. Indecopi determinó que las universidades carecen de autoridad legal para mantener cobros por servicios no…

Las instituciones educativas privadas enfrentan crecientes sanciones regulatorias por cobrar ciclos académicos no utilizados y reportar estas deudas ficticias en centrales de riesgo, práctica que vulnera derechos fundamentales del consumidor y genera daño crediticio injustificado. Indecopi determinó que las universidades carecen de autoridad legal para mantener cobros por servicios no prestados, incluso cuando existe solicitud formal de baja de matrícula antes del inicio del ciclo. La resolución regulatoria enfatiza que las obligaciones de pago deben corresponder exclusivamente a servicios académicos efectivamente utilizados. Cuando una institución no puede demostrar acceso a plataformas, asistencia a clases o uso de recursos educativos, el cobro constituye una práctica comercial deshonesta que viola normas de protección al consumidor. Este criterio marca un precedente importante en la jurisprudencia administrativa sobre derechos estudiantiles en mercados educativos privados. La inclusión en centrales de riesgo de deudas inexistentes genera consecuencias sistémicas: limita el acceso a crédito, afecta las tasas de interés en operaciones financieras futuras y daña la reputación crediticia de los estudiantes durante años. Los reguladores han identificado que algunas instituciones utilizan reportes a Infocorp como herramienta de cobranza coercitiva, aprovechando la asimetría de información entre proveedores educativos y consumidores. Esta estrategia es particularmente problemática en mercados donde los estudiantes carecen de recursos para litigar y desconocen sus derechos contractuales. Las sanciones regulatorias buscan desincentivar estas prácticas mediante obligaciones de remediación: eliminación de deudas, constancias de no adeudo y gestión para borrar reportes en centrales de riesgo. Para las instituciones educativas, la tendencia regulatoria implica rediseño de procesos de retiro y cobranza. Procedimientos claros, documentación de acceso a servicios y respeto a solicitudes formales de baja antes del inicio del ciclo se convierten en requisitos operativos, no opcionales. Las instituciones que mantienen cobros sin poder demostrar la prestación de servicios enfrentan riesgo reputacional, sanciones administrativas y potencial litigiosidad. En contextos de educación superior competitiva, donde la confianza es un activo crítico, estas prácticas erosionan la credibilidad institucional y generan fricción con organismos reguladores. El sector debe transitar hacia modelos de cobranza basados en principios de transparencia, proporcionalidad y verificación efectiva de servicios prestados.