Autoridades mexicanas estudian implementar un gravamen sobre dispositivos electrónicos capaces de almacenar o reproducir contenidos protegidos por derechos de autor. La Secretaría de Cultura e Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor), junto con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM), elaboran una propuesta que contempla una tarifa de hasta el 2% sobre el valor de celulares, tabletas, computadoras, pantallas y memorias USB.
Este mecanismo, conocido como remuneración compensatoria por copia privada, se fundamenta en la premisa de que ciertos dispositivos pueden utilizarse para almacenar o reproducir obras protegidas, independientemente de si el propietario realiza copias efectivas. Aunque el pago formal recaería sobre productores e importadores, existe riesgo de traslado al precio final de los productos, lo que podría encarecer significativamente la adopción tecnológica. Estimaciones de la industria sugieren un impacto anual entre 700 y 750 millones de dólares, con potenciales efectos en inversión, competitividad y acceso a tecnología.
Esta iniciativa no es nueva en la agenda legislativa mexicana. En 2021, la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados impulsó una reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor con propósito similar, estimando un impacto de 4,000 a 6,000 millones de pesos. Aquella propuesta fue rechazada en el Pleno con votación de 292 en contra, 87 a favor y 59 abstenciones. La diferencia estratégica actual radica en que las autoridades buscarían establecer el mecanismo mediante reglamento, eludiendo el proceso legislativo que resultó en rechazo anterior.
Criticos señalan un potencial doble pago, considerando que consumidores ya contribuyen económicamente a través de servicios de streaming, plataformas de música y otros contenidos digitales. El debate refleja tensiones entre protección de derechos de autor, accesibilidad tecnológica y carga fiscal sobre consumidores. Por el momento, se trata de una propuesta en análisis sin implementación inmediata confirmada.
