Seiscientos catorce ingenieros y profesionales técnicos mexicanos obtuvieron un acuerdo de indemnización por 11.5 millones de dólares en una demanda colectiva contra fabricantes automotrices y agencias de empleo, tras ser reclutados bajo falsas promesas laborales. Un juez en Georgia ratificó el fallo en respuesta a una demanda presentada en agosto de 2022 bajo la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA), que acusaba a las empresas de fraude en reclutamiento y robo de salarios sistemático.
Los trabajadores fueron contratados en México para desempeñar funciones profesionales y técnicas especializadas, pero una vez en territorio estadounidense fueron asignados a labores manuales que distaban significativamente de lo pactado. Este patrón de explotación laboral revela una práctica más amplia: la manipulación del programa de visas TN, mecanismo diseñado por el Tratado de Libre Comercio para facilitar la movilidad temporal de profesionales canadienses y mexicanos. Las agencias de empleo intermediarias utilizaron este canal legal para reclutar talento técnico con promesas incumplidas, generando una brecha entre expectativas contractuales y realidad laboral.
Aunque las empresas demandadas negaron todas las acusaciones y el acuerdo no implica admisión de responsabilidad formal, el resultado constituye un precedente significativo para trabajadores migrantes. Hyundai, Kia, Allswell, SPJ Connect y otros demandados contribuyeron al fondo de compensación, que será distribuido entre los 614 trabajadores con montos individuales que oscilan entre 4,100 y 16,800 dólares según circunstancias particulares de cada caso.
Este litigio expone vulnerabilidades estructurales en la protección de derechos laborales de profesionales migrantes. El programa TN, concebido para facilitar intercambio de talento especializado, carece de mecanismos de verificación suficientes para validar que las condiciones de empleo ofertadas en origen coincidan con las ejecutadas en destino. La ausencia de supervisión efectiva ha permitido que intermediarios y empleadores exploten la asimetría de información entre candidatos mexicanos y empleadores estadounidenses, generando un costo social y reputacional para las industrias involucradas y erosionando la confianza en programas de movilidad laboral bilateral.
