Gobiernos latinoamericanos han implementado históricamente programas de amnistía fiscal y regularización de deudas para mejorar la recaudación y el cumplimiento normativo. En esta línea, se ha formalizado un régimen excepcional que permite reducciones significativas en multas relacionadas con infracciones de transporte y tránsito terrestre, estableciendo condiciones específicas basadas en el tipo de infracción y la situación administrativa de cada caso.
Esta medida abarca infracciones tanto del transporte público como privado, así como aquellas asociadas al tránsito terrestre. Se trata de un beneficio voluntario que busca facilitar el pago de obligaciones pendientes dentro de plazos establecidos. El régimen contempla dos periodos de vigencia diferenciados: para multas por infracciones de tránsito, el periodo es de 90 días, mientras que para infracciones de transporte se extiende a 180 días. Esta estructura temporal refleja una estrategia de diferenciación según la complejidad administrativa de cada tipo de infracción.
La reducción aplicable alcanza el 90% del monto original y se extiende a múltiples estados de las multas, incluyendo procedimientos administrativos en trámite, multas firmes, impugnadas y en ejecución coactiva. Un aspecto relevante es que las multas canceladas bajo este régimen no generarán ni mantendrán efectos de acumulación de puntos en licencias de conducir, ni serán consideradas para determinar reincidencias o habitualidad. Esta disposición modifica tanto el monto pendiente como los efectos administrativos asociados, reduciendo el impacto acumulativo de sanciones previas.
Para multas en ejecución coactiva con pagos parciales, la reducción del 90% se aplica sobre el saldo pendiente, permitiendo a deudores calcular el beneficio a partir de la deuda remanente. El proceso de regularización implica el pago del monto con descuento, tras el cual la autoridad competente procede a concluir y archivar el procedimiento administrativo o de ejecución coactiva. Esta estructura incentiva la regularización voluntaria al reducir significativamente la carga financiera y administrativa asociada al incumplimiento normativo, promoviendo mayor responsabilidad en tránsito y transporte terrestre.
