Autoridades portuarias del sur de España avanzan en conversaciones con dos armadores para establecer una nueva ruta marítima de mercancías que conectaría la península ibérica con Marruecos mediante escala en Canarias. Este proyecto responde a la saturación crónica del Estrecho de Gibraltar, especialmente durante los meses de verano, cuando el tráfico de pasajeros y carga pesada genera colapsos periódicos en la principal vía marítima entre Europa y África.
La propuesta contempla paradas en el Puerto de Las Palmas y conexiones directas con los puertos marroquíes de Agadir y Dajla, utilizando portacontenedores tipo feeder y buques de carga rodada (Ro-Ro). Según datos de la Operación Paso del Estrecho 2026, se registraron 2,16 millones de pasajeros en los primeros dos meses, cifra que sumada al transporte de carga pesada provoca congestiones recurrentes. La nueva ruta buscaría diversificar el tráfico más allá de productos agrícolas estacionales, incluyendo sectores de mayor estabilidad anual como componentes de la industria automotriz.
La implementación del corredor dependerá de la disponibilidad de flota: si se alcanza acuerdo con armadores existentes, podría activarse en el corto plazo; si requiere encargar nuevos buques, el proyecto podría tardar hasta cuatro años. Las negociaciones cuentan con el apoyo de autoridades portuarias españolas y colaboración de homólogos marroquíes, quienes han realizado misiones comerciales bilaterales para evaluar viabilidad operativa y comercial.
Este corredor se inscribe en un contexto geopolítico complejo. Grandes operadores del sector—como Boluda y MSC—ya consolidaron posiciones en el mercado marroquí mediante acuerdos para operar terminales en ambos países, reconociendo el potencial de puertos como Nador, Dajla y Tánger Med. El crecimiento de Tánger Med se ha convertido en referente del nuevo mapa portuario atlántico, aunque genera interpretaciones divergentes: mientras autoridades portuarias españolas lo ven como modelo a seguir, gobiernos locales canarios lo consideran advertencia sobre posibles desplazamientos de tráfico.
Paralelamente, el Gobierno central mantiene en suspenso la compra del 45% de Boluda Maritime Terminals por parte de una empresa semipública marroquí, operación que involucra nueve terminales españolas incluyendo las de Cádiz y Las Palmas. Esta transacción está bajo escrutinio de la Junta de Inversiones Exteriores a la espera de dictamen del Consejo de Ministros, reflejando tensiones sobre control operativo de infraestructuras críticas en contexto de expansión portuaria marroquí en el Atlántico Medio.
