Estructuras empresariales transnacionales con operaciones en múltiples jurisdicciones se posicionan como modelo operativo para consultores políticos de alto perfil en América Latina. Un consultor político argentino de 41 años compareció ante autoridades judiciales bolivianas para declarar sobre investigaciones de enriquecimiento ilícito, revelando ingresos mensuales cercanos a un millón de dólares generados a través de operaciones empresariales internacionales.
La declaración, que abarcó 15 bloques temáticos relacionados con antecedentes personales, estructura empresarial e influencia política, expone cómo funcionan estas redes de consultoría. El consultor confirmó que opera Numen Group Inc. desde Estados Unidos desde 2021, ofreciendo servicios a clientes internacionales, mientras mantiene operaciones paralelas en Argentina con 35 empleados y 12 clientes corporativos. Esta arquitectura empresarial multinacional permite diversificar ingresos y mantener presencia simultánea en múltiples mercados políticos. Aunque no mantiene cuentas bancarias en Bolivia, sí posee estructuras financieras en Argentina y Estados Unidos que canalizan los ingresos reportados.
Respecto a su participación en procesos políticos regionales, el consultor admitió haber colaborado en campañas presidenciales proporcionando asesoría en comunicación digital, aunque no pudo precisar detalles sobre contactos iniciales ni existencia de contratos formales. Este patrón de operación —asesoría informal, múltiples jurisdicciones, ausencia de documentación clara— refleja un desafío estructural para reguladores y autoridades de transparencia en la región. McKinsey ha documentado que el mercado de consultoría política en América Latina crece a tasas de 12-15% anual, impulsado por demanda de expertise digital y comunicación estratégica en campañas electorales.
Para estrategas corporativos y tomadores de decisión en México, este caso ilustra la importancia de establecer marcos de gobernanza más rigurosos en la contratación de servicios de consultoría política. La ausencia de regulación clara sobre honorarios, conflictos de interés y transparencia en financiamiento de campañas crea espacios grises donde operan estas estructuras. Organizaciones como Transparencia Internacional han señalado que América Latina requiere estándares uniformes de divulgación de fuentes de financiamiento político y relaciones comerciales de asesores con actores públicos, un tema que cobra relevancia en contextos electorales cada vez más competitivos y digitalizados.
