Solicitudes para vender bienes incautados fuera de los procedimientos convencionales plantean un dilema creciente en la administración de justicia: ¿hasta qué punto pueden los investigados intervenir en la comercialización de sus propios activos cuando están bajo custodia judicial? Esta pregunta central emerge en casos de fraude fiscal de gran escala, donde la depreciación de bienes y los costos de almacenamiento generan presiones económicas tanto para los investigados como para las autoridades.
En el contexto de investigaciones por fraude de IVA en hidrocarburos, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) ha establecido protocolos estandarizados para la venta de vehículos incautados, utilizando tasaciones profesionales y subastas públicas. Sin embargo, las defensas argumentan que estos procedimientos generan depreciación acelerada, especialmente en vehículos de colección o de alto valor. La discrepancia entre valuaciones oficiales y pretensiones de valor de mercado refleja un problema estructural: los métodos de tasación institucional tienden a ser conservadores, mientras que propietarios disputan que sus bienes podrían comercializarse a precios superiores en transacciones privadas. Estudios sobre recuperación de activos en casos de corrupción (como los reportados por el Banco Mundial en su iniciativa de Asset Recovery) muestran que las subastas públicas recuperan entre 40-70% del valor de mercado real, dependiendo de la liquidez del mercado y la naturaleza del bien.
Desde una perspectiva de gobernanza judicial, permitir que investigados actúen como "depositarios" de sus propios bienes genera conflictos de interés evidentes. No obstante, algunos sistemas legales europeos han explorado modelos híbridos donde se autoriza venta privada bajo supervisión, con auditoría de precios y depósito de fondos en garantía. El debate actual en jurisdicciones como la española refleja una tensión más amplia: cómo equilibrar el derecho de defensa patrimonial con la necesidad de evitar que investigados manipulen activos bajo custodia. La depreciación temporal de bienes durante investigaciones prolongadas es un costo real que afecta tanto a investigados como a potenciales acreedores (Estado, víctimas, terceros), lo que explica por qué algunos magistrados han comenzado a autorizar ventas aceleradas incluso sin consentimiento del investigado.
Más allá del caso específico, esta cuestión señala una evolución en la jurisprudencia sobre activos incautados: la transición desde modelos puramente custodiales hacia esquemas de "gestión activa" donde se busca maximizar recuperación mientras se preservan garantías procesales. Organismos como la ORGA enfrentan presión creciente para demostrar eficiencia en la realización de activos, particularmente cuando casos se prolongan durante años. La valoración de vehículos de colección (como automóviles deportivos de marcas premium) añade complejidad, ya que su valor depende de factores especializados: antigüedad, condición mecánica, historial de mantenimiento y demanda en mercados específicos, elementos que tasaciones genéricas frecuentemente subestiman.
