Sentencia civil dictada en Miami en mayo de 2025 establece una condena de 1,740 millones de dólares contra una abogada vinculada a funcionarios de seguridad mexicanos. La jueza Lisa Walsh determinó que la acusada recibió aproximadamente 580 millones de dólares relacionados con actividades ilícitas, cifra que se triplicó conforme a la legislación civil del estado de Florida en casos de asociación delictuosa.
Documentos judiciales revelan que durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se otorgaron 30 contratos por un valor total de 745 millones de dólares, cuyo destino fue desviado hacia empresas vinculadas a redes de corrupción. La demanda civil, interpuesta en 2021 por el Gobierno mexicano, atribuye desvíos por 580 millones de dólares a la acusada, mientras que a su cónyuge se le asignó un monto base de aproximadamente 249 millones, que al triplicarse resultó en una condena civil de 748 millones. En conjunto, la sentencia impuso a ambos una reparación total de más de 2,488 millones de dólares a favor del Estado mexicano.
La corte de Florida sancionó a la acusada por rebeldía procesal el 21 de febrero de 2024, tras su ausencia a audiencias judicales a pesar de haber sido convocada. Informes no confirmados sugieren que la acusada y sus hijos adquirieron nacionalidad estadounidense en 2019, coincidiendo con el proceso judicial que enfrenta su familia. El cónyuge, quien ocupó el cargo de secretario de Seguridad hasta noviembre de 2012, viajó a Florida pocas horas después de dejar su puesto utilizando visas de empresario que eventualmente permitieron solicitar residencia legal permanente en Estados Unidos. En 2018, la familia solicitó naturalización, aunque el cónyuge fue hallado culpable de mentir a oficiales federales al solicitar ciudadanía.
Autoridades mexicanas han solicitado formalmente a Estados Unidos la detención provisional de la acusada con fines de extradición. Esta petición fue presentada por la Fiscalía General de la República a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, marcando un nuevo capítulo en los esfuerzos por recuperar fondos públicos desviados y establecer responsabilidades en esquemas de corrupción que involucraron contratos de tecnología de seguridad durante administraciones anteriores.
