Dos décadas de regulación ambiental en Chile han generado reducciones medibles en contaminantes como el material particulado fino (PM2.5), pero han revelado también una geografía desigual de la contaminación atmosférica. Mientras algunas zonas urbanas registran niveles considerados buenos, persisten problemas estructurales en regiones del sur y en áreas de concentración industrial que desafían los marcos normativos actuales.
Cuatro factores explican esta persistencia: primero, el uso intensivo de leña húmeda en el sur chileno sigue siendo la principal fuente de contaminación atmosférica, sin que la regulación de este combustible se haya implementado efectivamente. Segundo, las características geográficas y la estabilidad atmosférica del océano Pacífico dificultan la dispersión natural de contaminantes en ciertas zonas. Tercero, las denominadas "zonas de sacrificio" en el norte y centro continúan registrando episodios agudos de contaminación en localidades como Coronel y Talcahuano, a pesar de que los niveles generales de dióxido de azufre (SO₂) han disminuido. Cuarto, la medición mediante el Índice de Calidad del Aire referido a Partículas (ICAP) revela que la variabilidad diaria puede afectar significativamente la salud pública y la calidad de vida, incluso en territorios con estatus nominal de "buena" calidad.
Esta fragmentación territorial en los resultados ambientales plantea una pregunta estratégica para gobiernos y empresas en América Latina: ¿cómo diseñar políticas de descarbonización y mejora ambiental que no reproduzcan las desigualdades existentes? Los mecanismos de restricción vehicular y de calefacción, aunque necesarios, tienden a concentrarse en áreas urbanas de mayor poder político, mientras que las zonas industriales y rurales enfrentan regulaciones menos efectivas. Para la próxima década, la tendencia indica que la calidad del aire será cada vez más un factor de diferenciación territorial, atrayendo inversión y talento a zonas limpias y generando presión migratoria desde zonas contaminadas. Esto requiere no solo vigilancia constante de los niveles de contaminación, sino también inversión en tecnologías de calefacción alternativa, transporte limpio y dispersión de industrias contaminantes, con énfasis en equidad regional.
