Mercados mayoristas en Perú registran aumentos acelerados en precios de azúcar rubia, evidenciando la vulnerabilidad de economías emergentes ante volatilidad de commodities globales. Entre agosto y septiembre, el kilo de azúcar rubia nacional a granel pasó de S/2,10 a S/3,05 en centros de distribución mayorista, representando un incremento del 45% en menos de 30 días. La variedad blanca mostró presión más moderada, con aumento del 20% en el mismo período, mientras que en mercados minoristas de Lima se registraron incrementos de 50 céntimos por kilo en la variedad rubia.

Este comportamiento refleja patrones más amplios en mercados de materias primas. Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el índice mundial de precios de alimentos creció 1,9% en agosto, siendo azúcar el producto con mayor variación: 11,9%. Expertos del sector agrícola señalan que azúcar opera como commodity en mercados internacionales, lo que significa que fluctuaciones globales impactan directamente en precios locales. Sin embargo, la transmisión de estos aumentos no es automática ni proporcional: empresas del sector utilizan referencias internacionales como justificación para ajustes de precios que frecuentemente superan la variación de costos reales.

Comerciantes reportan presiones significativas en toda la cadena de valor. En Huancayo, sacos de 50 kg que se vendían a S/114 hace tres semanas ahora se ofrecen a S/170, mientras que en mercados mayoristas han alcanzado S/190. Esta escalada genera inquietud entre productores de caña, quienes reciben entre S/50 y S/60 por tonelada, cuando una tonelada produce aproximadamente 120 kilos de azúcar. Dirigentes agrícolas advierten sobre la disparidad creciente entre precios finales y compensación a productores, evidenciando desajustes estructurales en cadenas de valor que concentran márgenes en eslabones intermedios. Aunque algunos atribuyen volatilidad al Fenómeno El Niño, análisis de mercado sugieren que dinámicas especulativas y falta de regulación en transmisión de precios amplían impactos más allá de factores climáticos.