Gobiernos de la región enfrentan un dilema estratégico en las negociaciones de cooperación tributaria internacional impulsadas por la ONU. Proceso de implementación que se extiende hasta 2027 busca establecer un sistema colaborativo entre países miembros para combatir la evasión fiscal, la erosión de bases imponibles y el traslado de beneficios de empresas multinacionales. Sin embargo, autoridades fiscales advierten sobre "incertidumbres considerables" en el alcance y funcionamiento del acuerdo, particularmente respecto a cómo estas disposiciones se alinearían con marcos constitucionales nacionales y políticas fiscales existentes.
La tensión central radica en que un sistema tributario global colaborativo requiere ceder cierto grado de autonomía decisoria a organismos multilaterales o a mecanismos de coordinación que podrían priorizar objetivos de recaudación internacional sobre estrategias fiscales locales. Esto es especialmente relevante para economías emergentes que utilizan incentivos tributarios como herramienta de política industrial o atracción de inversión extranjera directa. Nueve rondas de negociación han avanzado desde 2025, con participación activa de delegaciones latinoamericanas que evalúan línea por línea las implicaciones jurídicas del futuro convenio. La próxima sesión de revisión de borradores ocurrirá entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre en Nairobi, donde se espera mayor claridad sobre cláusulas que afecten directamente la capacidad de decisión fiscal nacional.
Para estrategas corporativos y tomadores de decisiones en México y América Latina, este proceso tiene implicaciones inmediatas en tres frentes: primero, la arquitectura de estructuras tributarias de multinacionales operando en la región; segundo, la viabilidad de incentivos fiscales sectoriales que han sido pilares de política industrial; tercero, la competencia tributaria entre países que históricamente ha sido un factor de diferenciación competitiva. Gobiernos están evaluando detenidamente cómo balancear el objetivo legítimo de combatir evasión fiscal con la necesidad de mantener márgenes de maniobra en política económica. El resultado de estas negociaciones definirá si la cooperación tributaria global operará como marco vinculante con mecanismos de supervisión supranacional, o como acuerdo de coordinación con flexibilidad nacional preservada.
