Productores agrícolas dominicanos atraviesan una de las temporadas de sequía más complejas de los últimos años, con efectos que ya se sienten en los rendimientos de cultivos clave como el plátano, la piña, el aguacate y el mango, así como en la ganadería nacional. Pese a ello, el Ministerio de Agricultura ha descartado que la situación derive en un alza generalizada de precios al consumidor, argumentando que la producción de plátano se mantiene en niveles normales gracias a los sistemas de riego activos en las regiones Sur y Noroeste del país.
La tensión entre el discurso oficial y la realidad en campo es evidente. Miembros de la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos (Adoplátano) habían advertido que el precio por unidad podría escalar hasta RD$50 (USD 0.84) si la falta de lluvias persistía. En respuesta, el titular de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, reiteró que no existe riesgo inmediato de desabasto, aunque reconoció que el Cibao Central es una de las zonas más vulnerables por su dependencia de las precipitaciones naturales. En paralelo, productores individuales estiman pérdidas de entre RD$1.5 millones y RD$2 millones por proyecto, derivadas de la caída de plantas y la merma en la producción. El sector pecuario también acusa el impacto: ganaderos de varias regiones reportan menor disponibilidad de agua y forraje, y aunque se han confirmado muertes de reses, el daño total aún no ha sido cuantificado a escala nacional.
Desde una perspectiva estructural, el episodio expone la fragilidad de los sistemas agrícolas que dependen exclusivamente del régimen de lluvias, sin acceso a infraestructura de riego o almacenamiento hídrico. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi) reporta que las 18 presas del país almacenan 1,196.25 millones de metros cúbicos, equivalentes al 59.16% de su capacidad total, un colchón que por ahora contiene el impacto en los mercados, pero que no garantiza resiliencia ante una sequía prolongada. Las acciones gubernamentales en curso —distribución de pacas de arroz, habilitación de perforadores y monitoreo en municipios como Montecristi, Barahona y Pedernales— apuntan a una respuesta reactiva más que a una estrategia de adaptación climática de largo plazo, debate que se vuelve cada vez más urgente para los tomadores de decisión del agro dominicano.
