Administrado por ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) gestiona activos valuados en aproximadamente 80,000 millones de dólares, una porción significativa de los cuales proviene de los fondos transferidos en especie tras la eliminación del régimen de capitalización de las AFJP en 2008. Este origen histórico condiciona el debate cada vez que se evalúa la posibilidad de vender parte de su cartera accionaria, generando una narrativa política de alto impacto: que hacerlo equivale a comprometer los ingresos de los jubilados. Según el análisis publicado por Entorno, esa afirmación, aunque políticamente efectiva, carece de precisión jurídica.
Desde una perspectiva legal, los jubilados tienen un derecho constitucional indiscutible a las prestaciones previsionales que les correspondan, pero eso no equivale a que cada beneficiario sea copropietario de cada acción, bono o título que integra el Fondo. El FGS es un patrimonio afectado por ley a la sustentabilidad del sistema previsional —sus recursos no son de libre disposición del Estado— pero la afectación de un patrimonio a un fin específico no implica que su composición deba permanecer inalterada. La administración profesional de una cartera supone precisamente la capacidad de adquirir, conservar, vender y sustituir activos para preservar valor y obtener rentabilidad ajustada al riesgo. Vender un activo a precio razonable y reinvertir conforme a la ley modifica la composición del portafolio, pero no afecta por sí mismo los derechos previsionales.
El debate adquiere mayor complejidad al considerar las restricciones normativas vigentes. El artículo 74, inciso e), de la Ley 24.241 exige que el FGS mantenga un mínimo del 7% de sus activos en acciones y obligaciones negociables convertibles, con un techo del 50% para esa categoría. Mientras los límites máximos tienen una lógica prudencial clara —evitar concentración excesiva en una clase de activos—, la imposición de un piso mínimo resulta más discutible: obliga a mantener exposición accionaria incluso cuando las condiciones económicas o de riesgo aconsejarían reducirla. Para estrategas y legisladores, el nudo del problema no es si el FGS puede o no gestionar activamente su cartera, sino bajo qué marcos de gobernanza, transparencia y control lo hace, garantizando que cualquier movimiento responda al interés previsional de largo plazo y no a necesidades fiscales de corto plazo.
