Después de un paréntesis de tres años, el gobierno federal mexicano reactivó un subsidio adicional al diésel mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación. La medida, vigente del 12 al 18 de septiembre de 2026, contempla que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) absorba la totalidad del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicable al combustible, eliminando temporalmente ese gravamen para el consumidor final.
Además de la cobertura del IEPS, la SHCP reactivó un subsidio especial de 15 centavos por litro, instrumento que fue creado originalmente en 2021 como respuesta a la escalada de precios energéticos derivada del conflicto en Ucrania. Con ambas medidas activas simultáneamente, el diésel contará con tres apoyos gubernamentales superpuestos, cuyo objetivo declarado es sostener un acuerdo voluntario con el sector gasolinero para que el precio del combustible no rebase los 27 pesos por litro a nivel nacional. Según datos de Entorno, esta combinación de instrumentos fiscales no se había aplicado desde 2022, lo que convierte la reactivación en una señal de alerta sobre las presiones inflacionarias que enfrenta la cadena logística del país.
Para los estrategas corporativos y líderes del sector industrial, la relevancia de esta decisión va más allá del precio en la bomba. El diésel es insumo crítico para el transporte de carga, la construcción y la generación eléctrica en zonas fuera de la red, sectores que en conjunto representan una fracción significativa del PIB manufacturero y logístico de México. Según el Banco Mundial, los subsidios a combustibles pueden amortiguar shocks de corto plazo, pero generan dependencia fiscal si se prolongan sin una hoja de ruta de transición energética. En ese contexto, la pregunta estratégica para las empresas no es solo cuánto cuesta el litro hoy, sino cuánto tiempo puede el Estado sostener este esquema y qué tan expuesta está su cadena de suministro si el subsidio se retira abruptamente.
