Vaciar una cuenta bancaria de más de 140,000 dólares sin que nadie lo advierta durante doce meses es el escenario que dio origen a un fallo judicial que hoy interpela a toda la industria financiera latinoamericana. La Cámara Comercial de Buenos Aires condenó solidariamente a un banco y a la empresa administradora de su red de pagos electrónicos a restituir 142,300 dólares por daño material y 500,000 pesos por daño moral, luego de que un cliente de 64 años descubriera en octubre de 2019 que su saldo era cero. El dinero —depositado tras la venta de un inmueble— había desaparecido mediante extracciones y transferencias que el titular nunca reconoció. El caso, documentado por Entorno, expone una falla sistémica que va más allá del incidente individual.
Sin embargo, el tribunal no eximió de responsabilidad al demandante. El fallo establece una distribución de culpas que resulta reveladora para los equipos de cumplimiento y riesgo operacional: el cliente, que realizaba todas sus operaciones en sucursal y nunca utilizó banca digital ni cajeros automáticos, no monitoreó sus movimientos durante más de un año, lo que —según el tribunal— dificultó la detección temprana del fraude. Esta determinación judicial introduce un principio que los estrategas de servicios financieros deben incorporar en sus modelos de gestión: la responsabilidad en la seguridad transaccional es compartida, pero eso no exime a las instituciones de implementar sistemas de monitoreo proactivo. Los peritajes técnicos realizados durante el proceso confirmaron que ni el banco ni la administradora contaban con mecanismos capaces de detectar cambios bruscos en el comportamiento operativo de los clientes, modificaciones en datos personales o alteraciones en canales de contacto, patrones que la industria de ciberseguridad financiera identifica como señales tempranas de fraude.
Para los directivos del sector financiero, este fallo anticipa una presión regulatoria y judicial creciente en torno a los estándares de monitoreo transaccional. Según el Banco Mundial, el fraude financiero digital en América Latina creció de forma sostenida en los últimos cinco años, impulsado por la digitalización acelerada de servicios bancarios y la persistencia de brechas en los sistemas de alerta temprana. La ausencia de grabaciones de cajeros automáticos —evidencia que las demandadas no pudieron aportar— fue un factor determinante en la condena. Organizaciones como el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea han establecido desde hace años que la trazabilidad completa de operaciones es un estándar mínimo de gestión de riesgo operacional. El caso argentino sugiere que los tribunales de la región están comenzando a aplicar ese estándar con consecuencias patrimoniales concretas para las instituciones que no lo cumplan.
