Cuando un proyecto de vivienda familiar se convierte en fuente de litigio, las consecuencias alcanzan dimensiones que van más allá del contrato original. Eso es precisamente lo que documentó un fallo judicial reciente ratificado por la Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial, que confirmó una condena de 70 millones de pesos contra los responsables de una obra con graves deficiencias estructurales en La Plata, Argentina. El caso, analizado por Entorno, expone con precisión los riesgos legales y reputacionales que enfrentan constructores y desarrolladores cuando la ejecución no cumple con estándares mínimos de seguridad. El peritaje incorporado al expediente identificó fallas críticas en la estructura de hormigón armado: columnas mal ejecutadas, deformaciones en vigas, armaduras expuestas, cubiertas incompletas, filtraciones y mampostería deficiente. El tribunal determinó que, sin estudios complementarios, era imposible garantizar la integridad futura del inmueble. La indemnización ordenada contempló tanto daño emergente como daño moral, reconociendo que el incumplimiento contractual no solo afecta el patrimonio, sino también la estabilidad y el proyecto de vida de quienes contrataron la obra. Uno de los puntos jurídicamente relevantes fue la extensión de la responsabilidad: la Cámara desestimó el argumento de que solo quien firma el contrato puede reclamar daños, señalando que el perjuicio recae sobre el patrimonio común del matrimonio contratante y que la recepción de pagos por parte de los demandados evidenciaba una unidad de gestión. Para los líderes del sector inmobiliario y de la construcción en México y América Latina, este tipo de resoluciones marca una tendencia que no puede ignorarse. La judicialización de proyectos residenciales crece en paralelo con la mayor conciencia de los consumidores sobre sus derechos y con marcos normativos que, como el artículo 1716 del Código Civil y Comercial argentino, establecen con claridad la obligación de reparar daños derivados del incumplimiento. Entorno advierte que la gestión de riesgos en construcción ya no es solo una cuestión técnica: es un imperativo legal y de gobernanza corporativa que define la viabilidad a largo plazo de cualquier empresa del sector.