Más de 1,867 millones de pesos —equivalentes a aproximadamente 110 millones de dólares— serán canalizados a la Secretaría de Marina (SEMAR) en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, con el objetivo de atender de forma integral la problemática del sargazo en la franja costera e insular de Quintana Roo. La asignación, identificada con la clave 26131180002 en el anexo de Programas y Proyectos de Inversión, establece que la ejecución de los recursos recaerá exclusivamente en la SEMAR, sin participación del gobierno estatal ni de los municipios. Esta centralización marca un cambio significativo en la gobernanza de uno de los desafíos ambientales y económicos más complejos del Caribe mexicano. Entorno reporta que el plan contempla una inversión en infraestructura y capacidad operativa de gran escala: la construcción de un Edificio Central de Apoyo Logístico, tres edificios adicionales de soporte, un muelle, barcos sargaceros oceánicos y costeros, remolcadores, sistemas tecnológicos, vehículos y equipo especializado. La estrategia apunta a interceptar el alga tanto en aguas abiertas como en la línea de costa, antes de que impacte las playas. El proyecto se alinea con el eje de desarrollo sustentable del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y es resultado de mesas de trabajo con el sector hotelero, académico y empresarial de la región, así como de reportes de la Secretaría de Medio Ambiente. Notablemente, no se identifica un rubro paralelo para la Semarnat ni para la Conanp, lo que concentra la rectoría operativa en el ámbito castrense. La urgencia de esta inversión queda evidenciada por los datos más recientes: entre abril y agosto se extrajeron 124,852 toneladas de sargazo, un incremento de 29,069 toneladas respecto al mismo periodo del año anterior. Playa del Carmen encabeza el ranking de municipios con mayor volumen de macroalga retirada, seguida de Cancún, Puerto Morelos, Tulum y Mahahual. Para los tomadores de decisiones en el sector turístico, hotelero e inmobiliario del Caribe mexicano, la pregunta estratégica no es si el Estado intervendrá, sino con qué eficacia y bajo qué esquema de coordinación lo hará. La ausencia de mecanismos formales de articulación con los gobiernos locales y la iniciativa privada podría representar tanto un riesgo operativo como una oportunidad para redefinir los modelos de colaboración público-privada en la gestión ambiental costera.