Ante la Justicia Federal en lo Penal Económico argentina se presentó una denuncia penal contra directivos y representantes legales de diversas compañías pesqueras internacionales que explotan recursos marinos en el mar argentino bajo autorizaciones emitidas por las autoridades británicas de las Islas Malvinas. El caso, asignado al Juzgado en lo Penal Económico N° 7 a cargo del juez Juan Pedro Galván Greenway, fue impulsado por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, integrantes de la organización Reset Republicano, quienes argumentan que estas actividades constituyen una violación directa a la soberanía del Estado argentino y a la gestión de los recursos naturales en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
Entre las empresas señaladas figuran varias de origen español —particularmente de Galicia— que operan en conjunto con sociedades mixtas radicadas en Malvinas y amparadas en licencias británicas que los denunciantes califican de ilegales. El listado incluye a Lanzal, vinculada a Petrel Fishing Company Ltd. y al buque Monteferro; el Grupo Pereira, asociado a Argos Group Ltd. con las embarcaciones Argos Cíes y Argos Berbés; Pescapuerta, relacionada con South Atlantic Squid y las naves Falcon, Prion y Robin M. Lee; Copemar, también ligada a South Atlantic Squid con el barco Hadassa Bay; Ferralmes, asociada a Castelo Fishing Co.; Hermanos Touza, en sociedad con Beaufort Fishing Ltd.; y Moradiña, vinculada a Polar Ltd. con el navío New Polar Playa de Sartaxens bajo banderas de España y de las islas. La denuncia articula dos conductas delictivas principales: la evasión del control aduanero —mediante trasbordos en alta mar o descargas en Puerto Argentino y terminales de terceros países— y la clandestinidad operativa al amparo de permisos emitidos por una potencia ocupante, mecanismo que permitiría eludir el pago de derechos de exportación y el cumplimiento de los regímenes cambiarios vigentes.
Desde una perspectiva de política pública y soberanía económica, el caso expone una zona gris de gobernanza que persiste desde hace décadas en el Atlántico Sur: la explotación de recursos pesqueros en áreas reclamadas por Argentina sin que medie control aduanero ni tributario por parte del Estado nacional. Los denunciantes invocan los artículos 863, 864 (inciso a) y 865 del Código Aduanero de la Nación, que sancionan respectivamente los actos que dificultan el control aduanero sobre la extracción de mercancías, la exportación clandestina y agravantes vinculados a la afectación patrimonial del Estado, la participación organizada de tres o más personas y el uso de transporte marítimo para eludir a la Prefectura Naval Argentina y la Aduana. Adicionalmente, la denuncia solicita investigar posibles incumplimientos de deberes de funcionario público por parte de autoridades nacionales, en relación con omisiones en tareas de vigilancia, patrullaje y promoción de acciones de protección de los recursos naturales. Para Entorno y otros medios especializados en política ambiental y soberanía de recursos, este expediente representa una señal de alerta sobre los costos fiscales y estratégicos de la pesca no declarada en aguas disputadas, un fenómeno que organismos como la FAO estiman genera pérdidas globales de entre 10.000 y 23.000 millones de dólares anuales.
