Texmoda S.A.S., empresa operadora de una tienda Zara en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá, fue objeto de una inspección laboral sin previo aviso por parte del Ministerio de Trabajo de Colombia. La diligencia, ejecutada por la Dirección Territorial Bogotá a través del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral, tuvo como propósito verificar el cumplimiento de obligaciones laborales, aportes al sistema de seguridad social y la implementación de medidas de prevención de riesgos en el lugar de trabajo. Este tipo de visitas sorpresa forma parte de las atribuciones legales del ministerio y refleja una tendencia creciente de supervisión activa en sectores de alto volumen de empleo informal o condiciones laborales cuestionadas.
El detonante de la inspección fue la denuncia pública de María Alejandra Rojas, empleada de la tienda, quien difundió en redes sociales videos y audios de una discusión con supervisores que le exigieron devolver un par de zapatos de dotación al finalizar su turno. Al no contar con otro calzado para regresar a casa, Rojas afirmó haberse visto obligada a salir descalza del establecimiento. El caso encendió el debate en Colombia sobre el trato a trabajadores del sector retail y la línea entre el cumplimiento de reglamentos internos y la vulneración de derechos laborales básicos. Según el relato de la empleada, el calzado le había sido entregado por la administración porque llegó con tacones, pese a que la normativa interna exige el uso de tenis.
Al concluir la revisión, el ministerio elaborará un acta e informe con los hallazgos, documentos que determinarán las acciones a seguir. Si los resultados así lo ameritan, la autoridad podrá exigir a Texmoda S.A.S. un plan de mejoramiento y adoptar medidas preventivas. El caso ilustra cómo la viralización de denuncias laborales en redes sociales se ha convertido en un mecanismo de presión que acelera la intervención regulatoria, un fenómeno que los departamentos de recursos humanos y cumplimiento normativo del sector comercio deben incorporar en sus esquemas de gestión de riesgos reputacionales y legales.
