Acceso no autorizado a canales oficiales de gobierno en redes sociales marca una tendencia creciente que expone la vulnerabilidad digital de las instituciones públicas. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que su cuenta oficial en la plataforma X fue objeto de un hackeo, advirtiendo a la ciudadanía que cualquier publicación difundida desde ese perfil durante el incidente carece de validez institucional. La entidad activó de inmediato sus protocolos de seguridad para recuperar el control del canal comprometido. Este episodio no es aislado. Un informe global reciente reveló que el sector público concentró el 19% de los incidentes de ciberseguridad de alta gravedad registrados en el último año, consolidándose como uno de los blancos más frecuentes de actores maliciosos. Según expertos en la materia, los ciberdelincuentes priorizan instituciones vinculadas a servicios públicos, energía, minería y telecomunicaciones por su peso estratégico en la economía y la continuidad de operaciones críticas. Las consecuencias van desde interrupciones operativas y pérdidas económicas hasta el compromiso de información sensible y daños reputacionales de largo plazo. Detrás de estos ataques, la ingeniería social sigue siendo la táctica dominante: apertura de enlaces sospechosos, descarga de archivos no verificados y suplantación de identidad a través de canales cotidianos como WhatsApp, correo electrónico y llamadas telefónicas. A esto se suma el uso creciente de inteligencia artificial por parte de los atacantes, que les permite diseñar campañas de phishing más sofisticadas y personalizadas. En el último año se registraron más de 110 millones de intentos de phishing, un incremento del 22% respecto al periodo anterior. Ante este panorama, Entorno subraya que la postura proactiva en ciberseguridad —tanto a nivel institucional como ciudadano— dejó de ser opcional para convertirse en un imperativo de gestión pública.