México estrena autoridad antimonopolios con una paradoja estructural: la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA), que reemplazó a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) a partir de junio de 2025, asume un mandato más amplio con recursos significativamente menores. Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, el gobierno federal planea asignar a la CNA 407 millones 313,712 pesos, lo que representa una reducción del 48% en términos reales frente a los 702 millones 643,008 pesos que la Cofece ejerció en su último año completo de operaciones. La tendencia ya era visible: en 2025, la Cofece recibió apenas 200 millones de pesos como presupuesto de transición, y la CNA cerró ese año con un gasto de 79 millones.
Más allá del recorte, el alcance regulatorio se ha expandido de forma considerable. Formalmente constituida en octubre de 2025, la CNA absorbió también las funciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en materia de competencia en telecomunicaciones y radiodifusión, sectores de alta concentración y sensibilidad estratégica para la economía mexicana. A esto se suma que los plazos de investigación se redujeron de 600 a 450 días, y los umbrales para revisar fusiones y adquisiciones bajaron entre 11% y 16%, ampliando el universo de operaciones sujetas a escrutinio. En términos operativos, la CNA deberá procesar más casos, en menos tiempo y con menos dinero. Un ejemplo concreto de este nuevo entorno es la posible fusión entre Viva y Volaris, que de concretarse concentraría alrededor del 70% del tráfico aéreo de pasajeros en el país, además de una investigación activa sobre posibles prácticas monopólicas en el fútbol profesional mexicano.
Entorno ha documentado que, pese a este contexto de austeridad, la CNA estableció metas cuantificables en su Programa Institucional 2026-2030: lograr que el 66.5% de las investigaciones por prácticas monopólicas concluyan con sanciones o compromisos, que el 61% de los casos sobre obstáculos a la competencia deriven en medidas correctivas, y reducir el tiempo promedio de resolución de 29 a 25 días hábiles. Para los estrategas corporativos y equipos legales que operan en sectores regulados, el mensaje es claro: la autoridad antimonopolios mexicana tiene más dientes normativos, aunque su capacidad operativa para ejercerlos dependerá de si los recursos asignados resultan suficientes para sostener una agenda regulatoria de mayor envergadura.
