Informalidad laboral y recaudación fiscal: los grandes retos de América Latina
Perú enfrenta uno de los mayores índices de informalidad laboral de América Latina: más del 70% de su Población Económicamente Activa (PEA) opera fuera del sistema formal, una cifra que supera por amplio margen el promedio regional del 50%. Esta brecha, considerada estructuralmente incompatible con el nivel de desarrollo macroeconómico que el país ha alcanzado en las últimas décadas, se ha convertido en el eje central de una agenda de reformas que combina formalización laboral, mejora en la gestión de inversión pública y cumplimiento tributario.
Para atender estos frentes de manera simultánea, el gobierno peruano ha conformado un equipo de Comisionados de Alto Nivel con un mandato de nueve meses para presentar recomendaciones accionables. El grupo trabajará en áreas críticas como el acceso al financiamiento para pequeñas unidades económicas, la productividad sectorial y los mecanismos de inclusión social. En paralelo, las autoridades reconocen que el país invierte casi tres veces más que el promedio latinoamericano en obra pública, pero enfrenta un déficit severo en la ejecución y entrega efectiva de esos proyectos a los usuarios finales, lo que representa una ineficiencia sistémica que erosiona el retorno social del gasto.
El caso peruano es relevante para el análisis estratégico en México y el resto de la región por una razón concreta: ilustra cómo un entorno macroeconómico y fiscal relativamente sólido no garantiza por sí solo la ampliación de la base tributaria ni la reducción de la economía informal. Según estimaciones del propio gobierno, una proporción significativa de la población que genera ingresos no cumple con sus obligaciones fiscales, lo que limita estructuralmente la capacidad redistributiva del Estado. Para los estrategas corporativos y tomadores de decisión, este escenario subraya la importancia de operar en mercados donde la formalización avanza: a mayor formalidad, mayor acceso a financiamiento, mayor certeza jurídica y mayor demanda de servicios empresariales especializados. Las reformas en curso en Perú podrían convertirse en un modelo de referencia para otros gobiernos latinoamericanos que buscan ampliar su base fiscal sin incrementar tasas impositivas.
