Crisis de vivienda: adultos mayores, los más vulnerables ante la ola de desalojos
Cada día, 67 familias en España son forzadas a abandonar su hogar mediante procesos de desalojo judicial. Cataluña encabeza esta estadística con 18 casos diarios, una cifra tres veces superior a la de Madrid y casi el doble que en Andalucía y Valencia, donde se registran ocho desalojos diarios. Siete de cada diez casos tienen origen en impagos de alquiler, según datos del Consejo General del Poder Judicial, el único organismo que sistematiza esta información a nivel nacional, aunque sin desglosar edades ni perfiles socioeconómicos de los afectados.
Aunque los desalojos han disminuido casi un 36% desde 2022 y se sitúan en mínimos históricos recientes, el perfil más vulnerable que emerge de esta crisis es el de las personas mayores. Mujeres de entre 60 y 78 años, residentes en Bilbao, Barcelona y Valencia, enfrentan la perspectiva de rehacer su vida en entornos desconocidos, sin redes de apoyo institucional sólidas y con contratos de arrendamiento que vencen sin posibilidad de renovación. En la mayoría de los casos, los desalojos ocurren sin testigos ni cobertura mediática: cuando el secretario judicial y el cerrajero llegan, el inmueble ya está vacío.
Un patrón que concentra la atención de urbanistas y activistas es el de los fondos de inversión que adquieren carteras inmobiliarias completas para vaciarlas y revalorizarlas. Este modelo, documentado en diversas ciudades europeas, implica la compra masiva de viviendas ocupadas por inquilinos de larga data a precios de cartera, seguida de presión sistemática para el desalojo y posterior venta unitaria a precios de mercado libre. Organizaciones como la Plataforma Antihipotecas y el Sindicato de Inquilinas acompañan algunos de estos procesos, pero reconocen que la mayoría transcurre sin visibilidad pública. Para los estrategas de política habitacional y los inversores institucionales con criterios ESG, este fenómeno plantea una pregunta estructural: ¿hasta qué punto los marcos regulatorios actuales son capaces de contener las externalidades sociales de la financiarización del mercado residencial?
